Como si se tratara de un pueblo sin autoridad para imponer el orden y el respeto a la ley, cada noche la avenida principal de El Seibo se convierte en escenario de bebentinas y fiestas prolongadas, en franca violación a las normativas que prohíben este tipo de inconductas.
La protección de los espacios públicos descansa en instituciones como las alcaldías, que de acuerdo a lo establecido por la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Ayuntamientos, deben velar por su correcta utilización.
Y al Ministerio Público y la Policía Nacional, como entidades titulares de la seguridad pública, le corresponde evitar que ciudadanos irresponsables tomen la vía pública como punto de encuentro para organizar sus parrandas.
La avenida Manuela Díez es la más transitada de El Seibo. Por ella, día y noche circulan decenas de vehículos que, por la indecencia de los dueños de las calles del pueblo y la inacción de las autoridades, se ven obligados a buscar calles alternas para llegar a su destino.
Este desorden también incluye casos extremos, como aquellos en que hasta las ambulancias tienen que cambiar su ruta para esquivar las fiestas callejeras, desarrolladas en las propias narices de las autoridades.
Esto es simplemente inaceptable. Cuesta imaginar que las autoridades de El Seibo o no tienen capacidad para aplicar el rigor de la ley en el marco de sus responsabilidades, o que definitivamente no quieren ser garantes de la sana convivencia en esa comunidad.
Lo correcto es actuar ahora y no después, cuando la apatía para hacer lo que la ley manda pueda ser causante de situaciones lamentables e irreversibles.
