En la presente edición, este semanario concluye una serie de re- portajes titulada “Mataderos que matan”, una radiografía a la forma en que operan esos espacios dedicados al sacrificio de animales para fines comerciales. La idea de estos trabajos de investigación periodística surge a raíz de denuncias formuladas por vecinos de mataderos municipales ubicados en distintos pueblos de la región Este del país.
Iniciamos entonces una búsqueda exhaustiva motivada en esta temática, la cual nos permitió evidenciar dos aspectos igualmente alarmantes: la precariedad sanitaria de esos desolladeros y la dejadez de las autoridades como entes de regulación para una gestión responsable de los alimentos.
El elemento común, y quizás el más perturbador de estos mataderos, es que a pesar del tiempo transcurrido desde su construcción, todavía siguen operando sin normativas que exijan a sus propietarios un mayor nivel de responsabilidad en el procesamiento de estos alimentos.
Los ayuntamientos y los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente, son las instituciones estatales que deben velar porque las carnes tratadas en esos esablecimientos se sometan a un protocolo de cumplimiento estricto, y que garantice una adecuada manipulación de las carnes sin riesgo alguno para la salud de las personas.
Sin embargo, lo que vimos a través de estos reportajes fue todo lo contrario a lo que debe ser una actividad comercial ajustada a exigentes estándares de calidad, con modernas instalaciones dotadas de tecnologías, maquinarias y recursos humanos cualificados.
La mayoría de estos matadores funcionan incluso en medio de vecindarios copados de casas, hasta donde llegan los desagradables olores característicos de estos lugares. Y para colmo de males, quienes habitan en esos predios tienen que convivir con las inmundicias vertidas en los desagües por donde corren desechos derivados de los animales sacrificados.
Pero las autoridades no ven esta irregularidad como un problema de atención impostergable, por lo que tampoco resulta extraño que no tengan un personal dedicado a la fiscalización de los mataderos municipales. Y aunque existe una guía especializada que describe el impac- to ambiental en el entorno social donde funcionan, estos negocios siguen al margen de reglamentaciones que se constituyan en ga- rantía de protección para millones de consumidores.
