En mayo de este año, el Gobierno anunció el “Plan Nacional de Desarme por la Paz”, el cual intenta reducir a su más mínima expresión la cantidad de armas de fuego en manos de la población civil. Aunque este plan inició formalmente hace unos dos meses, el tema resurge estos días a raíz de la matanza sin precedentes que en menos de dos horas se produjo hace una semana en Higüey.
Desde el mismo instante en que se informó el plan de desarme, expresamos nuestro más absoluto respaldo, por la gran cantidad de crímenes cometidos con armas de fuego en nuestro país. Pero también advertimos que el plan tenía un punto débil que debía corregirse a tiempo. Nos referimos a la marcada intención del Gobierno de fijar su atención solo en las armas de fuego ilegales, obviando aquellas que aun con los permisos correspondientes son también parte del problema que se pretende solucionar.
Lo que decimos aquí, es que el problema de fondo del uso de armas de fuego no es su carácter legal, sino las condiciones de tipo mental y conductual de quienes la porten. Es cierto que una de las exigencias del Ministerio de Interior y Policía para otorgar licencias para porte y tenencia de armas, es la evaluación psiquiátrica a los interesados.
Pero igual de ciertas son las irregularida- des que adulteran el cumplimiento de esos requerimientos, lo que permite que cientos de ciudadanos obtengan armas de distintos calibres evadiendo los parámetros legalmente establecidos. La fiebre nunca estuvo en la sábana. Pero estas gestiones generan al Gobierno muchos millones de pesos, y grandes fortunas a quienes durante décadas se han dedicado al lucrativo negocio de compra y venta de armas de fuego.
