El presidente Luis Abinader ya tiene en sus manos la propuesta preliminar para llevar a cabo la reforma policial. Es un documento que contiene los ejes básicos para someter esta institución a un profundo proceso de transformación estructural.
La coyuntura es oportuna para que los reformadores fijen sus miradas en un aspecto que representa uno de los puntos débiles más preocupantes dentro del cuerpo del orden público. Hablamos del elevado nivel de irrespeto que afecta la imagen de nuestra Policía Nacional.
No pasa una semana sin que ciudadanos irreverentes conviertan en noticia su reprochable atrevimiento de agredir a policías en el ejercicio de sus funciones. Desde los primeros meses del estado de emergencia, se hicieron virales videos donde se veían policías golpeados o perseguidos por turbas que se negaban a cumplir el toque de queda para evitar la masificación del covid-19.
La situación obligó incluso a reforzar los contingentes policiales enviados a los barrios de las principales ciudades del país, donde generalmente se dan estos bochornosos enfrentamientos, para controlar a bravucones que desafían a la autoridad con fiereza des comunal.
Esta práctica se ha vuelto recurrente, y es un elemento siempre presente en los debates sobre la necesidad de abocarnos a un proceso de transformación que priorice al manual de conducta de los policías.
La buena noticia es que el fortalecimiento institucional que todos pedimos de la Policía Nacional parece estar en camino, a partir de la
reforma iniciada por el Gobierno con la participación de diversos sectores en tareas específicas.
Es preciso reconocer que dentro de las propias filas policiales existe también la intención de cambiar el modelo de actuación de sus
agentes, de tal forma que gocen del reconocimiento social que merecen las responsabilidades asignadas como garantes de la seguridad ciudadana.
Debemos apostar a una reforma integral de la Policía Nacional, pero sin perder de vista que los cambios exigidos serán posibles con el concurso de todas las fuerzas vivas de la nación, las cuales fungirán como veedoras permanentes del comportamiento de una entidad que es vital para el desarrollo nacional.
