La decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de variar la medida de coerción a los imputados del “caso Coral”, cayó como balde de agua fría en la opinión pública nacional.
Esta disposición desató una andanada de críticas al sistema de Justicia, así como a los miembros del Ministerio Público, con especial énfasis en los fiscales a cargo de ese y otros casos de singular importancia.
Mucha gente cuestiona ahora la razón de cambiarles cárcel por casa a los cuatro principales protagonistas del supuesto entramado que, de acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, operaba desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
Hablamos de cuatro imputados que cumplían medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, y que fueron enviados a sus casas bajo condición de arresto domiciliario.
Y aunque la realidad es que todavía el proceso penal en su contra continúa, para la sociedad dominicana se trata de una gracia que no tiene justificación jurídica, a pesar de que la jueza del tribunal apoderado enarbola argumentos técnicos con los que valida y defiende su polémica decisión.
El denominador común del caso Coral es la inclusión de tipo penales como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos.
Las voces inconformes direccionan sus críticas hacia una Justicia tildada de complaciente en el conocimiento de procesos de corrupción administrativa, y contra un Ministerio Público al cual le atribuyen debilidades en la estructuración de sus expedientes acusatorios.
