Durante las últimas semanas, la crisis haitiana y el temor a repercusiones negativas para el Estado dominicano ha cobrado mayor fuerza, lo cual se expresa en opiniones diversas e incluso especulaciones de todo tipo relacionadas con esta situación.
Por tratarse de un tema de seguridad nacional, es más que entendible que el Gobierno haya tomado muy en serio la inestabilidad que afecta a la vecina nación.
Sin embargo, en medio de tantas voces que proclaman disposiciones radicales contra la comunidad haitiana, lo que más conviene en este momento de tensión es procurar un discurso comedido frente a los posibles escenarios que proyectan y evalúan las autoridades.
República Dominicana es un Estado soberano para aplicar las políticas migratorias que entienda pertinentes, sin que esto violente derechos fundamentales y humanos de los inmigrantes con estadía irregular en nuestro territorio. Esto no resiste discusión.
La aplicación de nuestro marco jurídico, en modo alguno ha de significar una embestida contra los haitianos radicados ilegalmente en nuestro país, de tal forma que cada disposición se interprete ante la comunidad internacional como una especie de cruzada inmisericorde contra esas personas.
El propio presidente Luis Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que el Estado dominicano y sus intereses están incluso por encima de los grandes beneficios y ventajas económicas derivados de las relaciones comerciales con Haití.
Además de las acciones encaminadas para hacer cumplir nuestras normativas migratorias, es evidente el esfuerzo que realizan las autoridades para proteger los intereses nacionales, en caso de que se produzca una explosión de gran magnitud de los conflictos que actualmente distorsionan la paz social, política y económica de Haití.
Apostemos, pues, a que todo se resuelva por la vía diplomática y los medios de que disponen la Constitución y nuestras leyes.
