Punta Cana, RD.- Despejadas las dudas que se tenían de si el Gobierno finalmente incluiría más impuestos en el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, surgió entonces la pregunta obligada: ¿De dónde provendrá el dinero que precisan las autoridades para cumplir con las necesidades del Estado?
Por tratarse de una estimación de ingresos que supera la cifra del billón de pesos, el Gobierno tendrá que hacer malabares para financiarlo, sin que esto suponga una escalada de reclamos sociales que ponga en riesgo el necesario equilibrio del poder para preservar la gobernabilidad.
La población rechaza más cargas impositivas, pero de igual manera repudia la posibilidad de nuevos préstamos. El Gobierno, de hecho, sopesa otras posibilidades para financiar el presupuesto nacional, como la idea ya consumada de solicitar a la minera Barrick Gold impuestos por adelantado por el orden de los 47 millones de dólares.
Sin embargo, para solventar demandas apremiantes multisectoriales, es inevitable recurrir a la política de préstamos, tanto nacionales como internacionales. En esta dirección se ubican los 3 mil 800 millones de dólares en bonos soberanos y un préstamo de 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El pasado jueves, el Gobierno también firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que le permitirá acceder a 2,000 millones de dólares para financiar proyectos en las áreas de turismo, energía e infraestructura. Estamos, pues, ante una realidad que obliga a las autoridades a exceder incluso el umbral establecido del tope de la deuda pública. Un mal necesario
