De manera reiterada, el presidente Luis Abinader y funcionarios de alto nivel se han referido a la necesidad de impulsar cambios estructurales en el sistema tributario de República Dominicana.
Es innegable lo incómodo que resulta para un jefe de Estado modificar la legislación impositiva de una nación, cuando el mundo aún padece los efectos implacables de la pandemia por el covid-19.
El aparato productivo de los países afectados por esta enfermedad ha sido severamente golpeado, y esto especialmente se refleja en una drástica reducción de la calidad de vida de la gente.
La Organización Internacional del Trabajo cifra en 26 millones los empleos perdidos en América Latina y el Caribe por culpa de la pandemia. En República Dominicana las autoridades impulsan acciones coordinadas con el sector privado para restablecer miles de puestos de trabajos, y conforme a registros oficiales se han dado avances significativos en esta dirección.
Sin embargo, todavía queda por delante uno de los grandes retos que habrá de afrontar la gestión presidida por Luis Abinader: consensuar un plan de recaudación de ingresos que le permita solventar un largo rosario de demandas multisectoriales, en medio de un proceso de recuperación económica que en gran manera depende de cuánto avancemos en la lucha contra el covid-19.
El pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, socializó algunos aspectos de lo que será la estrategia de endeudamiento público, y dijo que el gasto social durante la pandemia se situaba en 176 mil 147 millones de pesos.
El 81% de ese monto se utilizó para subsidiar los programas de asistencia social que durante la pandemia desarrolla el Gobierno para socorrer a los sectores más vulnerables.
La deuda pública tiene comprometido el 70.5 del producto interno bruto. Y mientras define términos y alcance de la espinosa reforma fiscal, ya anunciada para el 2022, el Gobierno está resuelto a seguir acudiendo a mecanismos crediticios internacionales.
A modo de resumen, esta es la cuestión: Todos exigen soluciones puntuales, nadie quiere más impuestos, ni siquiera el propio Gobierno por el impacto social que generan las reformas fiscales, pero a la vez se cuestiona el galopante endeudamiento público.
