Uno de los grandes temas pendientes en República Dominicana es el proceso de reforma y consolidación de las instituciones públicas que rigen el funcionamiento de nuestra sociedad.
Aunque justo es reconocer que hemos avanzando en esta dirección, todavía restan tareas importantes que debemos impulsar, hasta convertirnos en un país donde el fortalecimiento institucional sea el punto de partida para superar viejas prácticas que nos mantienen estancados en áreas fundamentales.
Las debilidades que se derivan de esta falta acumulada durante décadas han sido causa de toda suerte de situaciones que resaltan por indelicadezas, desmanes y decisiones caprichosas en el manejo de la cosa pública, y a la postre caldo de cultivo de justificados reclamos y protestas multisectoriales.
Con el tiempo, fuimos incubando un tipo de sociedad donde el cabildeo remunerado, el influjo imbatible de poderes ocultos tras bambalinas, la corrupción abierta y descarada y la facilidad de corromper a tomadores claves de decisiones, se convirtieron en normas claramente definidas.
Se perdieron así la sobriedad y solemnidad en cuyo marco conceptual deben conducirse y desarrollarse los procesos atinentes a las disposiciones de Estado, que en su mejor definición han de estar siempre determinados por el respeto irrenunciable e innegociable a las reglas de juego que nos imponen nuestro orden constitucional y jurídico.
Hablar de gobernanza y legitimidad en este contexto resulta incluso ilusorio, porque el poder mismo se auto invalida para exigir a sus gobernados buenas costumbres y conductas apegadas a principios éticos y morales, precisamente por carecer de estas características como condición indispensable para convertirse en modelo de rectitud y del bien hacer.
Con sobradas razones, la sociedad dominicana exige un Gobierno responsable con sus ocupaciones y funciones inherentes, comprometido con las mejores causas y que, bajo ninguna circunstancia, sea complaciente con esas indelicadezas que de manera constante amenazan el ejercicio honesto y ecuánime del poder.
A eso apostamos, a que nuestras instituciones adquieran un alto grado de madurez y conexión absoluta con los intereses comunes de la ciudadanía, y que en términos prácticos sean instrumentos que sirvan para fiscalizar y regular las acciones del poder, y no cajas de resonancia de sus maquinaciones.
