Todo parece indicar que la incertidumbre social por el inicio del próximo año escolar quedó finalmente despejada, luego que el Gobierno anunciara el plan educativo para el regreso a clases en medio de la pandemia por el covid-19.
Sin embargo, queremos hacer algunas observaciones, que bien podrían servir para entender el contexto que nos impone la actual coyuntura, sin pretender, claro está, restarle mérito al gran esfuerzo que realizan nuestras autoridades para asegurar el inicio y la finalización exitosa del año lectivo.
En su discurso de toma de posesión, el presidente Luis Abinader prometió dotar de computadoras a los estudiantes que no cuentan con esta herramienta tecnológica.
Con esos equipos, los escolares estarían en capacidad para recibir docencia virtual, sin necesidad de hacer presencia en las aulas, y crear de esta forma las condiciones para resultar contagiados con esta peligrosa enfermedad.
Pero la cuestión de fondo es el tiempo que tiene el Gobierno para comprar miles de computadoras, porque es un proceso que amerita agotar una serie de procedimientos, que si bien es cierto que por la situación de emergencia que vivimos se pueden acortar, igual deben estar ajustados a los mandatos legales.
Y aunque se habló de 27 mil millones de pesos para financiar la adquisición de esas computadoras, más la instalación de internet, todavía falta saber de dónde saldrán esos recursos y qué tan rápido serán desembolsados.
Es también asunto de tiempo armar las estrategias de capacitación del personal docente que transmitirá esos conocimientos a sus estudiantes. La idea es formarlos de manera tal que puedan ser agentes multiplicadores efectivos de un nuevo sistema de enseñanza derivado de esta crisis sanitaria y sus circunstancias.
El ministro de Educación, Roberto Furcal, lució proactivo al adelantar que de no tener las computadoras antes de la fecha prevista para comenzar el año escolar, el 2 de noviembre, entonces se auxiliarían de televisores y radio para impartir docencia por esos canales.
Si esto último fuera el caso, el propio Estado debe garantizar energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente, para que los apagones no obstaculicen el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. La suerte está echada.
