Como si no bastaran miles de muertes por covid-19 y decenas contabilizadas por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, ahora las estadísticas oficiales apartan un espacio para registrar aquellos decesos de niños diagnosticados con difteria.
La difteria es una enfermedad cuyos signos se manifiestan con fiebre y dolor en la garganta, y generalmente afecta a los niños. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud aconseja que esa población sea inmunizada, iniciando con una ronda de tres dosis administradas en el curso del primer año de vida.
Es aconsejable que los programas de inmunización en cada país se aseguren de que durante la niñez y la adolescencia se apliquen otras tres dosis de refuerzo de la vacuna que contenga anatoxina diftérica.
Se recomienda, además, que a cualquier edad, toda persona que no esté vacunada contra la difteria, o que lo esté solo parcialmente, reciba las dosis necesarias para completar la vacunación.
El contexto actual obliga, sin embargo, a insistir en la necesidad de que el Estado dominicano se aboque a girar su mirada hacia la salud preventiva, con programas permanentes de educación ciudadana.
Si bien es responsabilidad de los padres saber a qué edad deben iniciar sus hijos las vacunas incluidas en los programas de inmunización infantil, las autoridades están también obligadas a ofrecer información oportuna y detallada al respecto.
La OMS ha llamado la atención de que la difteria continúa siendo un problema significativo de salud infantil en países con una cobertura deficiente del Programa Ampliado de Inmunización, y República Dominicana no está exenta de los alcances de esta observación.
La inversión en salud preventiva es uno de los grandes escollos en materia de política sanitaria en nuestro país, lo cual se refleja en la falta de conocimiento de asuntos fundamentales por parte de la ciudadanía.
El Gobierno debe articular esfuerzos para superar las limitaciones que impiden que avancemos en esa dirección. Y en el caso que ahora nos ocupa, nos urge viabilizar mecanismos para garantizar una administración óptima de las vacunas, y poner en práctica medidas y acciones posibles que permitan mejorar la cobertura de la inmunización.
