En estos días, cuando los sometimientos judiciales de presuntos responsables de corrupción administrativa son objeto de conversación obligada, mucha gente intenta pescar en río revuelto, filtrando informaciones comprometedoras y rumores de todo tipo sobre procesos en curso.
Las especulaciones cobran sentido en la medida en que son asimiladas y legitimadas por la opinión pública, con lo que se corre el riesgo de que a futuro se conviertan en pretextos para ‘sentenciar’ personas mucho antes de que sean solicitadas por el sistema de Justicia.
Se trata de un juego peligroso, que en el peor de los casos podría incluso entorpecer investigaciones avanzadas por el Ministerio Público.
En su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue enfática al advertir que el trabajo del Ministerio Público no está regido por el populismo penal, y que sus investigaciones se enmarcan en el respeto irrenunciable del debido proceso.
Sin embargo, la cotidianidad expresa una realidad distinta al planteamiento esgrimido por doña Miriam Germán. En los medios de comunicación son frecuentes los señalamientos alusivos a responsabilidades penales, basados en versiones no sujetas a confirmación, por aquello de que hay que proteger las fuentes de donde provienen estas informaciones.
Cuando los rumores se expanden como fuego en yerba seca, ya luego es difícil detenerlos. Y no siempre bastan las aclaraciones correspondientes, porque de todos modos los insinuados quedan como culpables ante una porción importante de la opinión pública.
Lo prudente y justo es dejar que sean el Ministerio Público y las autoridades judiciales quienes jueguen el rol que la Constitución y las leyes le confieren, de investigar, condenar o librar de culpas a los implicados en diversos ilícitos.
