El conflicto territorial entre La Otra Banda y Verón-Punta Cana, provocado por la decisión de agregar el nombre «Punta Cana» a una zona bajo su jurisdicción, ha generado gran preocupación, por el impacto que pueda tener la polémica decisión en los inversionistas. Punta Cana es una marca globalmente reconocida, construida con décadas de trabajo incansable y continuo. Asociar esta marca país con áreas que no compartan su visión y filosofía de desarrollo turístico, podría crear confusión entre inversionistas nacionales e internacionales.
Este tipo de situaciones no solo afectaría a los inversionistas actuales, sino también a futuros proyectos que, al descubrir la ubicación exacta del destino para colocar su capital, podrían optar por otras opciones. La imprudencia en la delimitación de territorios puede generar igualmente un clima de incertidumbre, algo que los inversionistas no pueden permitirse en una zona que se proyecta como destino turístico seguro, confiable y de alto nivel.
La Otra Banda tiene derecho a buscar su propio desarrollo, pero esto debe hacerse sin interferir en marcas consolidadas, y sin crear disputas que generen confusión y riesgos innecesarios para la inversión. El llamado es al respeto a las normativas legales vigentes. Las limitaciones territoriales están establecidas por ley, y cualquier cambio debe ser aprobado por las autoridades competentes, no por una resolución local. Apostamos a la toma de decisiones sensatas que eviten conflictos parecidos a futuro, y aseguren que el desarrollo de Punta Cana siga transitando un camino ordenado y sin obstáculos que frenen su bien ganada expansión y reconocimiento mundial.
