Cuando el presidente Luis Abinader asumió las riendas del poder la sociedad dominicana comenzó a ser testigo de un nuevo estilo de gobernar, basado en el respeto a la institucionalidad, accesible y dispuesto a crear las condiciones para impulsar el desarrollo inclusivo de nuestra nación.
Abinader se ha caracterizado también por su inclinación a dar cabida a todas las corrientes ideológicas, dejando a un lado la tradicional cacería de brujas contra empleados públicos de otras parcelas políticas.
Fiel a esos principios, Abinader ha evitado aumentar la nómina pública de forma desproporcionada, ingresando personas que enarbolan sus membrecías partidarias como credenciales para ocupar cargos en el Gobierno.
Pero la actitud correcta del mandatario se ve salpicada por funcionarios que actúan de forma contraria al modelo de gestión que pretende instaurar.
Ejemplos hay por demás. Sin embargo, citamos dos situaciones que por su naturaleza retratan la visión distorsionada que tienen algunos políticos sobre las funciones del Estado.
El primer caso alude la oposición radical de la gobernadora de El Seibo a que una joven sea nombrada en el hospital Teófilo Hernández de esa localidad, por el simple hecho de no pertenecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Del segundo episodio la protagonista es la gobernadora de Hato Mayor, quien solicitó la base de datos del Distrito Educativo del municipio Sabana de la Mar, con la intención de depurar y despedir a empleados que no sean del partido de gobierno.
Todo parece indicar que estas dos servidoras desconocen una cuestión muy elemental: el Estado no tiene propietarios, sino administradores de turno con responsabilidades definidas por la Constitución, no por voluntades, acciones ni decisiones sujetas a sectarismos político-partidarios.
