Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina, 19.164 empresas cerraron desde que asumió el presidente Javier Milei hasta agosto de este año. Esto significa que, en casi dos años, cerraron unas 30 empresas por día.
De ese total, 1.974 eran industrias manufactureras.

El informe fue recopilado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y no incluye los cierres más recientes, como el de la planta de Whirlpool en Pilar, que había sido inaugurada hace tres años y prometía 300 empleos. La empresa explicó que cerró por la caída de ventas y el aumento de productos importados. Un trabajador despedido resumió la situación: “sale más barato importar que producir acá”.

Tampoco aparecen en el registro otros cierres recientes, como:

• la autopartista DANA en San Luis,
• una planta de YPF en Concepción del Uruguay,
• tres plantas de Granja Tres Arroyos,
• la textil Sueño Fueguino,
• una planta de residuos ID,
• la fábrica de rodamientos SKF en Tortuguitas,
• la crisis de Acerías Berisso,
• y el cierre de Color Living en Pacheco, que dejó a 40 personas sin trabajo.

En total, el cierre de empresas provocó la pérdida de 276.624 empleos formales; 55.941 de esos trabajos eran industriales. En 21 meses, el país perdió 4,6 % del empleo registrado.

Mientras tanto, muchas empresas están reemplazando la producción local por importaciones, como Whirlpool, SKF y la marca de calzado Viamo, que cerró varios locales. El sindicato del neumático (SUTNA) también denunció que Pirelli y Bridgestone están haciendo lo mismo.

La crisis industrial aumenta la presión sobre los sindicatos. El sector empresarial, por su parte, espera que las reformas tributaria y laboral que el Gobierno quiere aprobar en diciembre y enero les ayuden a ser más competitivos.

Sin embargo, la ola de cierres contradice el argumento del Gobierno de que la reforma laboral generará más empleo. Que multinacionales como Whirlpool cierren antes incluso de que la reforma llegue al Congreso genera dudas sobre esa idea.

Expertos señalan que este tipo de reformas no crea empleo por sí sola, sino que suele abaratar costos empresariales mediante mayor flexibilidad laboral, lo que muchas veces facilita más despidos.

Esta semana, Gerardo Martínez, representante de la CGT, participó en una reunión sobre la reforma laboral. Al salir, dijo que apoyan una “modernización”, siempre y cuando no se recorten derechos laborales. Sus declaraciones sugieren que podría haber acuerdo para aplicar cambios de manera gradual y sin afectar a los trabajadores ya bajo convenio, lo que permitiría extender la reforma completamente recién dentro de 15 a 20 años.