LA ROMANA. Adquirir una vivienda propia sigue siendo la meta de muchas personas, ya sea para evitar el pago de alquiler o para asegurar su futuro. Esto ha impulsado el auge de las inmobiliarias y constructoras en los últimos años, aunque también ha dado espacio a fraudes con proyectos habitacionales inexistentes, promovidos únicamente en planos y anuncios audiovisuales. Miles de personas han sido víctimas de estafas con proyectos fantasmas, siendo el caso más relevante en la justicia de La Romana el que se conocerá mañana en la Oficina de Atención Permanente de esta ciudad.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo por presunta asociación de malhechores, estafa, violación a la ley de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio de 122 afectados. Las víctimas, residentes en la República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, fueron engañadas con la promesa de adquirir apartamentos en dos proyectos inmobiliarios que nunca se materializaron.

Según las autoridades, el fraude asciende a más de 18 millones de dólares. Una de las afectadas, Denia del Rosario, madre de Eduardo Taveras, relató que su hijo invirtió más de 21,500 dólares tras ahorrar por tres años con la promesa de recibir su vivienda en agosto de 2023.

Sin embargo, la entrega nunca ocurrió y, ante sus reclamos, la empresa justificó el retraso con supuestas auditorías. Del Rosario también denunció que, tras una ceremonia de inicio de construcción con fiesta incluida, la obra nunca avanzó y, en su lugar, ahora se levanta otro proyecto con un nombre diferente al original.

Las autoridades están a la espera de la extradición de la principal señalada en el caso, quien fue arrestada en Colombia tras huir del país. Junto a ella, figuran otros implicados en la presunta red fraudulenta. En solidaridad con los afectados, se trasladó a La Romana un grupo de víctimas de otro fraude inmobiliario ocurrido en el país, quienes exigen justicia por la pérdida de millones de dólares.

Entre ellas, la activista social Dayanara Borbón, quien asegura que su familia fue estafada al adquirir apartamentos con títulos falsos y en otros casos, al venderse la misma propiedad a varias personas. Este caso sigue generando indignación y deja en evidencia la vulnerabilidad de muchos compradores ante la falta de controles más estrictos en el sector inmobiliario.