PUNTA CANA.- España comenzó este miércoles a aplicar un polémico decreto para cumplir con el ahorro energético acordado con la Unión Europea, que obliga a que la refrigeración de empresas, locales comerciales y dependencias públicas no baje de 27 grados en verano y al apagado nocturno de escaparates y edificios desocupados.
El plan, aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, ha generado controversia social y política por la oposición de regiones gobernadas por la derecha; estas aplicarán las medidas, pero cuestionan su efectividad y reprochan que no se acordaran con ellas ni con los sectores económicos afectados, y Madrid anuncia que las recurrirá en el Tribunal Constitucional.
La Confederación Española del Comercio (CEC) también entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones.
«El sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración», reclamó, por su parte, la patronal empresarial CEOE.
El Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, justifica esas normas de ahorro por el compromiso de España con la UE de bajar el consumo de gas un 7 % en plena crisis energética debida a las fuertes tensiones geopolíticas con Rusia por la invasión y la guerra de Ucrania.
