Por: Limber Ramírez Díaz

LA ROMANA. A pesar de las insistentes medidas que el Estado dominicano promueve para la formalización de las pequeñas y medianas empresas, los esfuerzos aún están lejos de alcanzar su cometido.
Esto se debe a que un alto porcentaje de pequeños comerciantes y emprendedores teme regularizarse por las cargas impositivas, la complejidad y los excesos en los procesos burocráticos, además de la inversión de altas sumas de dinero que deben pagar de inicio para poder registrarse, sin que aún hayan facturado un solo peso.

ORIGEN DE LA INFORMALIDAD
Según datos del Banco Central de la República Dominicana, la tasa de ocupación informal a nivel nacional se situó en aproximadamente 54.6 % al cierre de 2025. Durante el período comprendido entre julio y septiembre de ese año, el país registró 2,421,852 empleos formales frente a 2,371,024 empleos informales, una diferencia mínima que evidencia la fragilidad del mercado laboral formal.

Este escenario implica que más de la mitad de los trabajadores dominicanos operan fuera del sistema de seguridad social, sin acceso a pensiones, seguro de salud ni protección laboral. En consecuencia, el empleo informal se asocia directamente con mayores niveles de vulnerabilidad económica y menor estabilidad a largo plazo.

Otras estadísticas arrojan que, en la provincia de La Romana, hay una población económicamente activa de 115,588 personas, de las cuales 99,561 están ocupadas (46.9 %), mientras que 7,201, es decir, el 13.87 %, están desocupadas.

Los empleados a sueldo ascienden a más de 48,320, lo que equivale al 48.54 %, y los que trabajan por cuenta propia son 32,601, para un 32.75 %. Este casi 14 % de personas desocupadas provoca que busquen la forma de subsistir creando pequeños negocios informales o emprendimientos.

Entre los negocios más adoptados en los últimos 15 años en esta ciudad de La Romana están los populares carritos de venta de desayunos, especialmente los conocidos “tapaos”, que consisten en dos yaniqueques con un huevo, jamón o longaniza dentro, además de las ventas de sándwiches, fritas, vendedores de yunyún, jugos y también las guagüitas vendedoras de víveres y un sinfín de productos y objetos que llegan desde otras provincias para vender en La Romana, debido a su auge y movimiento económico. Todo esto crea un cóctel informal que sirve de sustento a miles de familias.

CONTABLE
El contable y especialista en registro de empresas Amaury Cedeno destaca que, ciertamente, el Estado ha creado varios mecanismos y herramientas, especialmente tecnológicas, para acercar a los dueños de negocios informales; sin embargo, aún existen procesos extensos y gastos que alejan a los comerciantes.

Asegura que, desde el primer paso —registrar el nombre en ONAPI— hasta concluir todos los procesos, se puede incurrir en gastos de hasta 20 mil pesos, sin contar los viajes a Santo Domingo ni la asesoría de un contador o abogado, lo que dificulta que una pequeña empresa pueda registrarse. A pesar de que también aclara que para las Mipymes existe mayor flexibilidad, las personas temen al pago de impuestos.

COMERCIANTES MIPYMES Y EMPRENDEDORES
En esa tesitura, varios comerciantes informales de diversos tipos de negocios, quienes prefirieron mantener sus nombres en el anonimato, coinciden en que temen formalizar sus negocios debido a que están seguros de que, desde que registren sus nombres, la DGII les cargará impuestos y pagos.

Sostienen que los gastos de registro de nombre, constitución de actas, pagos de local, empleados, energía eléctrica, entre otros, les impiden formalizarse, además de los procesos burocráticos, los cuales son extensos y costosos.

En ese orden, uno de los comerciantes ofreció un testimonio de que, hace alrededor de tres años, inició un pequeño negocio con el objetivo de garantizar la seguridad laboral y de salud de sus empleados. Destaca que, junto a la contable, sometieron la documentación de dos empleados para su registro y que, solo por esos dos empleados, le estaban cobrando RD$18,000 pesos, por lo que de inmediato desistió del proceso de formalización.

“Un negocio pequeño, iniciando, y que esas gentes me salieron con eso. Imagínate que yo hubiese sometido a cinco empleados más, cuánto yo tendría que pagar, además de todos los demás gastos. Eso es demasiado. El Gobierno tiene que ayudar a los pequeños negociantes de una mejor forma”, dijo el comerciante.

ACERCAMIENTOS Y BENEFICIOS
De su lado, el director de la oficina provincial de La Romana del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Francisco Ceballos, afirmó que el Gobierno está realizando insistentes esfuerzos para acercar a las Mipymes y demás empresas a formalizarse.
Destacó que, a finales del pasado año, se llevó a cabo una actividad de acercamiento a comerciantes y emprendedores, en la que se les apoyó en sus diversos proyectos. Señaló, además, que estar registrados les abre las puertas no solo al mercado nacional, sino también al comercio internacional.

Indicó que pueden solicitar préstamos a tasas blandas para impulsar negocios, además de la asesoría y capacitación constante de esa institución, así como la garantía de beneficios de salud en caso de accidentes laborales.

También mencionó que una de las políticas que el Estado ha creado es la Ventanilla Única Virtual, que permite a los micros y medianos empresarios registrarse de manera automática sin la ayuda de una tercera persona.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Romana, Juan Francisco Melo, y el director ejecutivo Ramón Beras informaron que desde esa institución tienen una visión diferente de cómo ir resolviendo poco a poco la informalidad.

Destacan que cuentan con 322 empresas y negocios afiliados, lo que evidencia la informalidad existente, a pesar de los esfuerzos de la DGII, que está persiguiendo la informalidad, incluyendo a varios negocios chinos.

Subrayan que es un proceso que comienza con la información y que la Cámara está motivando a formar un clúster, con un acercamiento especial a los dueños de colmados, para que conozcan los beneficios de tener su RNC y las facilidades que pueden obtener, como préstamos, consideraciones impositivas y conocimiento de las leyes que les permitirán exoneraciones.

Aseveran que los negocios informales son mayores en volumen que los formales. “Tú no le puedes decir a un individuo que puso un negocio de tapaos o chimichurris en una esquina que pague impuestos, Infotep, ARS y AFP, porque no les alcanza para eso”.

Melo precisa que primero hay que incentivar y formalizar al comerciante, orientar, concientizar e informar, para que tengan una conciencia financiera, puedan crecer y luego ir asumiendo los impuestos, pero no de golpe.
“Mi recomendación es que primero registren el nombre, que lo pueden hacer por 2 o 3 mil pesos, y luego realicen su registro mercantil. Ya para registrar una compañía es otro proceso, y esto les permite figurar en el marco legal”, concluyó.

ECONOMISTA
El economista Javier González enfoca la problemática desde varios ángulos. Sostiene que los negocios informales son la economía invisible que sostiene el consumo nacional. Afirma que la informalidad afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables y que se estima que cerca del 70 % de las mujeres ocupadas y el 72 % de los jóvenes menores de 30 años trabajan en condiciones informales, lo que limita su acceso a derechos laborales básicos.

Asimismo, los ingresos en el sector informal son significativamente más bajos. Cerca del 40 % de los trabajadores informales no alcanza el salario promedio de su sector, contribuyendo al fenómeno de la pobreza laboral. Aunque algunos indicadores han mostrado mejoras moderadas en la calidad del empleo, la informalidad continúa caracterizándose por la ausencia de estabilidad contractual y beneficios sociales.

IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO
Desde una perspectiva productiva, la informalidad limita el potencial de crecimiento económico. Las empresas informales operan generalmente a pequeña escala, con acceso limitado a financiamiento, tecnología y capital humano especializado. Esto reduce su capacidad de innovar, expandirse y aumentar su productividad.

Las empresas formales, que cumplen con obligaciones fiscales y regulatorias, enfrentan desventajas frente a unidades informales que operan con menores costos. Esta asimetría debilita el entorno empresarial y reduce los incentivos para la inversión formal.
A largo plazo, la informalidad limita la acumulación de capital y afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reduciendo el potencial de desarrollo económico del país.