Hamlet Melo.[/caption] Hamlet Melo / hamlet_melo@hotmail.com
El Congreso Nacional está conociendo nueva vez un proyecto de ley de código penal, por la anulación del Tribunal Constitucional mediante la sentencia No. 599/15, del 17 de diciembre de 2015, donde declaraba la inconstitucionalidad de la Ley No.550-14, que contenía el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, en diciembre de 2014.
El martes recién pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal Dominicano.
De inmediato, los medios y redes sociales se hicieron eco de críticas hacia el contenido de lo aprobado, centrados exclusivamente al articulado sobre el aborto, específicamente al párrafo del artículo 110.
Sin embargo, no se escuchan las voces que aplauden la oportunidad y pertinencia de contar con un instrumento de política criminal moderno, acorde con la realidad social nacional e internacional, frente a las nuevas formas de cometer delitos y crímenes.
Lo perfecto es enemigo de lo posible, dicen. Del referido párrafo, el Tribunal Constitucional podrá, de ser apoderado, dar luces.
Por ello, no es posible despreciar el largo camino recorrido por el Poder Legislativo, en estudios y consensos que han hecho posible, que se tenga entre manos, para aprobación, un nuevo Código Penal, con un enfoque de control y represión del crimen más actualizado y ajustado a lo que diariamente lidiamos.
Hablamos de la inclusión de tipos penales inexistentes y no sancionados por el código vigente, que data del 20 de agosto de 1884. Resaltamos, por ejemplo, el cúmulo de penas como respuesta al crimen organizado globalizado, la inserción del genocidio, la desaparición forzada de personas, el sicariato, el feminicidio, la tortura, la violencia sexual y la penalización de la invasión y ocupación de tierras, entre otras novedades.
La inminente adecuación y actualización de nuestro marco jurídico es impostergable. La Constitución Dominicana y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, lo exigen.
Como nación debemos desarrollar efectivamente el Estado Social, Democrático y de Derechos, en un mundo cada vez más complicado; donde se hace necesario incrementar la protección de las personas y perseguir y corregir a los infractores para preservar la paz y convivencia social.
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