LA ROMANA. Es frecuente ver y escuchar sobre enfrentamientos entre propietarios o administradores de inmuebles y arrendatarios, mejor conocidos como inquilinos. Las confrontaciones se producen por múltiples causas y la principal de ellas es la carencia de una ley clara y actualizada sobre alquileres de bienes inmuebles, que regule efectivamente las partes envueltas en un contrato.
La actual legislación que rige esta modalidad es la Ley 4314 que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, del 22 de octubre del año 1955, la cual presenta leves modificaciones, como el Decreto 4807 sobre desalojos y aumento del alquiler, la Ley 38 de 1969 sobre una tarifa para los aumentos basada en el costo de la vivienda o local comercial, otra modificación es la 17-88 que versa sobre los depósitos que deben aportar los inquilinos y que luego el propietario tiene que depositarlo en el Banco Agrícola.
La más reciente modificación es del mes de septiembre del año 2019, cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley con algunos cambios. Estos incluían un tope del 7% para aumento anual, el pago del 10% a los dueños de propiedades que no depositan el dinero del ‘depósito’ en el Banco Agrícola, el aviso de no renovación del contrato por parte del propietario con 6 meses de anticipación, si es comercial y tres para viviendas, los cuales están en espera de su aprobación en el Senado y luego pasaría a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Según expertos estos cambios no ayudan a la solución del problema.
Han pasado muchos años desde que se promulgó esa ley y desde que se le hicieron modificaciones. Las reformas a esta ley y reglamentos resultan insuficientes para regir el área inmobiliaria en el país, de hacerse los cambios adecuados esto evitaría constantes conflictos entre propietarios e inquilinos, que en ocasiones estos desacuerdos han terminados en casos trágicos.
RECLAMOS DE ARRENDATARIOS
Quienes su condición económica no le permite poseer una vivienda o un local propio, por el alto costo que tienen esos inmuebles, optan por la única salida que tienen, que es un alquiler, se enfrentan a una dura realidad y es lo que algunos denominan como ‘abuso’. En ocasiones se da un desorbitante aumento de las mensualidades, también hay casos en los que quieren des- alojar a los inquilinos por simples faltas y sin querer permitirles un tiempo prudente para desocupar la vivienda o negocio.
Soraida Castillo, alquila hace más de 5 años una casa, y expresa que todo ha subido y que aún consigue los mismos recursos que antes de la pandemia. Enfatiza que la forma que usan los propietarios es cruel, porque realizan aumentos desmedidos y en violación a la ley que prohíbe el aumento del alquiler, si la propiedad está ocupada.
Castillo también dijo que los dueños no realizan las reparaciones de la casa oportunamente, sino cuando ellos quieren. “A mí me subieron 2,000 en este año, esa forma que están usando es cruel, porque viola la ley, ahora están usando una estrategia y es de hacer contratos por un año y ahí aprovechan para subir el alquiler ¿entonces que uno hace? Tengo que aceptar y pagar el aumento, sino tengo que entregar el apartamento,” sostuvo.
PROPIETARIOS JUSTIFICAN SUS ACCIONES
De su lado los propietarios tienen su punto de vista diferente, y es que justifican sus acciones sobre la base de que todos los materiales y el costo de la vida han subido. Además, sostienen que no todos los inquilinos son respetuosos y responsables ya que, algunos antes de entregar el inmueble han dejado destruidos los baños, cocinas, paredes, techos, electricidad, plomería y los desagües tapados.
Algunos propietarios aseguran que como la ley es deficiente, han tenido que lidiar con la situación de que un inquilino ha ocupado la vivienda por hasta un año sin pagar las mensualidades. En esos casos el propietario tiene que asumir los gastos de las reparaciones para evitar la parte legal, porque se gasta más en abogados y alguaciles, más el tiempo que transcurre durante el proceso.
La propietaria de una vivienda, la cual pidió que se omita su nombre, manifestó que entiende que se presentan muchos malos entendidos porque ambas partes acuerdan cosas al inicio y luego no se cumplen, lo que termina en discusiones. “La gente no se imagina lo difícil, los sacrificios y la lucha que uno tiene que hacer para hacer una casa o apartamento y que luego la persona que vive en lo tuyo no quiera cumplir con el pago y además le rompen y tapan de maldad las tuberías y te dicen que ellos se van a mudar cuando ellos quieran. En ocasiones he tenido que buscarle la casa y darle el depósito para que ellos alquilen en otro lugar,” externó la propietaria de apartamentos.
Otro factor que complica el tema de los alquileres es la falta de viviendas. En esta provincia la población ha crecido, y esto provoca una demanda de espacio para habitar y hacer negocios. En años atrás el tema de costo de los alquileres estaba muy controlado, debido a que miles de personas se fue- ron a habitar hacia las afueras de la ciudad y fundaron sectores como Pica Piedra, Villa Real, Los Mulos, hoy Municipio de Villa Hermosa, Caleta y otros que permitieron la baja en los alquileres, pero la sobrepoblación y los altos costos de metros de terrenos han encarecido el costo de vida de los que no tienen techos.
REPRESENTANTE DE BIENES RAÍCES
Jhonny Mejía, abogado y representante de la empresa Inmobiliaria Mejía, especialista en bienes raíces que administra más de 40 propiedades, afirma que el tema es muy complicado, porque de entrada no se cuenta con una ley actualizada que pueda establecer de forma clara los derechos y deberes de propietarios e inquilinos, ya que en el momento de su creación las cosas eran muy diferente a la actual época.
Jhonny Mejía, abogado.
Expresa que esa ley casi nadie la usa y que los abogados lo que están haciendo es aplicando las resoluciones y sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Menciona como ejemplo que anteriormente para un propietario demandar a un inquilino tenía que tener dos depósitos en el Banco Agrícola, pero que en la actualidad ya eso no es necesario, porque el dueño del inmueble solo tiene que presentar en el tribunal el contrato o un documento que avale que esa vivienda es propia, para ejecutar un desalojo.
“Luego de la pandemia los aumentos de alquiler a las viviendas se han incrementado en un 80 y 90%. Yo tenía casas y apartamentos que costaban 13 mil pesos y ahora están a 18 mil pesos. También está el incómodo tema de los desalojos y el costo de los terrenos y materiales para construir, lo que agudiza más la situación. En virtud de eso nuestros legisladores deben abocarse a modificar la ley, en conjunto con el sector inmobiliario y los Derechos Humanos, para que no se afecte ningún interés de las partes involucradas,” declaró Mejía.
