LA ALTAGRACIA. La intervención del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público facilitó una solución sobre un conflicto en torno a un centro de Higüey destinado al cuidado de personas que deambulaban por las calles y que requieren asistencia psiquiátrica, incluyendo a varios adultos mayores.
La fiscal Danissa Cruz, encargada de esta área del Ministerio Público, explicó que finalizó el proceso que originó una denuncia hecha, el 22 de julio del año 2021, por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) en contra de la Fundación Emaús y Belkis A. Zorilla Castillo.
Explicó que luego de la denuncia del Conape y el cierre del centro por parte del Ministerio de Salud Pública, fueron realizadas varias vistas conciliatorias entre las partes envueltas en el conflicto.
Cruz explicó que Zorrilla Castillo, directora del Centro Emaús Higüey, deberá cumplir el compromiso de entregar la infraestructura del espacio al Ministerio de Salud Pública en las condiciones convenidas entre las partes.
El proceso conciliatorio, que busca el bienestar de las personas que requieren terapia psicológica, y en especial a los adultos mayores, llevó al Ministerio Público al archivo definitivo de la acción penal.
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“Pudimos constatar que el centro Emaús no contaba con los recursos económicos ni humanos para llevar a cabo el trabajo que pretendía y que la señora Belkis Aracelis Zorrilla no tuvo intención de hacer daño, aunque sí falta de conocimiento en la debida intervención que llevan estas personas en condiciones de vulnerabilidad”, apuntó.
Cruz ponderó el esfuerzo de la fiscal Mercedes Santana, de Higüey, en la solución del conflicto, así como del Ministerio de Salud Pública de dicha demarcación, por asumir y ejecutar el compromiso de traslado de las personas que estaban en ese centro, y que debían ingresar a unidades de intervención psicosocial para recibir la atención integral y adecuada para esta población tan vulnerable.
