LA ALTAGRACIA. Autoridades de la provincia La Altagracia se han manifestado a favor de la decisión del director provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santo Amado De la Rosa, luego de que este decidiera el pasado viernes paralizar la puesta en marcha de la verja perimetral en la mina de caliche donde se pretendía poner en funcionamiento el relleno sanitario en el municipio La Otra Banda.
Algunas de la figuras de la provincia que se han manifestado al respecto incluyen al ex senador Amable Aristy Castro, el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte y el presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (Asoleste), quienes expresaron respaldo a los líderes comunitarios del distrito municipal de La Otra Banda en su lucha contra la instalación del vertedero de basura en la antigua mina de caliche.
Una de las principales razones de la oposición de los líderes comunitarios contra la oposición a esta medida, es por considerarlo una amenaza para la calidad de las aguas subterráneas que abastecen a la provincia, en especial al sector turístico de La Altagracia.
La paralización de los trabajos para la puesta en funcionamiento del vertedero de basura se da luego de que el dirigente de Medio Ambiente en la provincia verificara el incompleto estatus legal de la obra en las oficinas de Medio Ambiente en la provincia, donde no encontró la debida documentación relacionada al referido proyecto.
Por otra parte, el obispo Castro Marte había expresado en reiteradas ocasiones el rechazo al proyecto y su apoyo a la comunidad de La Otra Banda. “La colocación del vertedero provocaría un lixiviado altamente tóxico u contaminante para la agua subterráneas y provocaría que lluvias y huracanes arrastren elementos tóxicos, metales pesados, bacterias y demás agentes nocivos”, refirió el religioso por medio de comunicados emitidos anteriormente.
En ese sentido, el ex senador de la provincia también se refirió al respecto al recomendar a las instancias políticas competentes llegar a un acuerdo que garantice la calidad de las aguas subterráneas que componen el principal recurso hidráulico de La Altagracia, para evitar graves consecuencias ambientales que afecten la reputación turística del país.