Las acciones anunciadas por el Gobierno ante la gravedad de la crisis haitiana recibieron el apoyo rotundo y casi unánime de la población dominicana.
Haití será siempre noticia de primer orden en la opinión pública internacional. El incremento de sus altos niveles de inestabilidad social, política y económica mantiene a esa nación en la mirada de una comunidad internacional sin planes concretos para resolver los serios problemas que aquejan al vecino país.
República Dominicana alberga a cientos de miles de haitianos que durante décadas han vivido e incluso establecido estructuras familiares en nuestro territorio, gran parte de ellos con estatus migratorio irregular.
Tenerlos aquí de forma indocumentada compromete considerablemente el presupuesto nacional, sobre todo la inversión en salud y educación. Y esto se refleja en hospitales repletos de mujeres y niños de ascendencia haitiana, quienes cada día acuden en masa en busca de servicios médicos asistidos con dinero público.
En las escuelas, también subvencionadas con el erario, los estudiantes haitianos conviven en un ambiente donde no se advierte la xenofobia que con marcada insistencia se le quiere endilgar a los dominicanos.
En los sectores construcción, agrícola y transporte, los haitianos ocupan igualmente sitiales de primacía. La solidaridad practicada con Haití en momentos difíciles tampoco nadie puede ponerla en tela de juicio.
Cuando la desgracia ha tocado con fuerza las puertas de esa empobrecida nación, siempre fuimos los primeros en llegar para socorrer a los afectados.
Pero la bondad del Estado dominicano no alcanza para echarse encima la pesada carga de un pueblo prácticamente arruinado, carente de instituciones y sin un plan o estrategias de desarrollo a corto, mediano ni largo plazo.
