En materia de seguridad las situaciones que representen amenazas reales o potenciales no deben ser nunca subestimadas ni postergadas, por lo que han de ser oportunamente enfrentadas con las medidas y planes de acción que dicten las circunstancias.
Los organismos de seguridad del Estado dominicano conocen bien esta premisa, sobre todo aquellos actores que tienen la gran responsabilidad de garantizar de forma exclusiva la seguridad del primer mandatario de la nación.
Decimos esto, a propósito de las amenazas hacia el presidente Luis Abinader vertidas por un hombre con evidentes trastornos mentales. El atrevimiento de este individuo, identificado como Enrique Figueroa, generó un gran revuelo en el ámbito nacional, por la carga violenta de las palabras y frases que utilizó para referirse a la figura presidencial.
Durante la visita de Abinader a la Asamblea General de la ONU, ese hombre, radicado en el estado de Nueva York, volvió a utilizar us redes sociales para arremeter nuevamente contra el jefe de Estado dominicano. En esta ocasión, el señor Figueroa fue apresado por agentes federales de los Estados Unidos, donde enfrentará cargos penales por su afrenta inexcusable.
Las sociedades abiertas consagran la libertad de expresión y pensamiento, y permiten toda clase de críticas y cuestionamientos a sus autoridades, incluso las que apuntan directamente al presidente de la República.
Pero el derecho a opinar no puede transgredir jamás la frontera que separa esa prerrogativa de la obediencia que, por mandato constitucional, debemos a nuestras autoridades.
Esta experiencia debe igualmente revalidar el precepto de que la seguridad del presidente es un imperativo innegociable, que debe ser preservada hasta por encima de su propia voluntad y de esos excesos de confianza en los que, por la naturaleza de sus funciones, suelen incurrir los gobernantes.
