LA ALTAGRACIA. De los implicados en el caso conocido como “Operación Falcón” hay varios nombres de personas oriundas de algunos pueblos del Este o que hacen vida en estos lugares, los cuales fueron apresados mediante allanamientos realizados por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por su supuesta vinculación en la red de narcotráfico dedicada al lavado de activos y narcotráfico.
Entre ellos figura Juan José de la Cruz Morales, quien es de Miches, conocido entre otros apodos como Wandy o El Michero. Además, a su hermano José Alejandro de la Cruz Morales (Omar); el ex diputado Juan Maldonado Castro, (el Líder) y quien hasta el momento de su detención fungía como director general de Comunidad Digna. Mientras que en Higüey fueron detenidos los contadores Juan Carpio y Domingo Garrido, padre de Claudia Garrido, fiscal encargada de la Unidad de Atención a Victimas de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Verón-Punta Cana.
Trascendió que en la oficina de servicios de contabilidad y administración de estos contadores se hicieron las declaraciones juradas de bienes de Maldonado Castro, hace un año, por lo que el Ministerio Público realizó los allanamientos en busca de documentos. De acuerdo a esa declaración jurada, Maldonado Castro es propietario de una residencia valorada en 7 millones 500 mil pesos; de un apartamento de 11 millones 600 mil pesos, así como también de varios solares comerciales que ascienden a un monto como 11 millones 585 mil pesos, 2 millones 500 mil pesos; otro de 418 mil pesos y de una finca turística valorada en 10 millones 321 mil pesos.
Las únicas tres bombas de expendio de combustible ubicadas en el Municipio de Miches, de acuerdo al Ministerio Público, también pertenecen a Maldonado Castro y fueron clausuradas para fines de investigación. Sin embargo, aunque siguen intervenidas por las autoridades, el pasado viernes la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) asumió su administración para evitar el desabastecimiento de combustibles en la población de Miches.
Esta estación está bajo custodia de un agente de la DNCD, el cual verifica que las personas se estén abasteciendo de combustible. Como es la única estación abierta en Miches, la aglomeración de conductores de automóviles, camiones y motocicletas es notable. La EcoPetróleo, situada en la entrada de Miches-Higüey, y la Texaco, ubicada en la salida hacia Sabana de la Mar, son las que permanecen cerradas y también están custodiadas por un agente de la DNCD.
SILENCIO
En medio de esa aglomeración por parte de quienes van a echar combustible, nadie quiere hablar de Maldonado Castro, ya que el único deseo es llenar el tanque, pagar e irse. A algunos les preocupa la cantidad de combustible que queda para satisfacer la demanda de todo el pueblo, pero nadie en esa bomba protesta ni dice nada relacionado a la “Operación Falcón”.
Desde que se entra al Municipio de Miches, la incertidumbre se siente, pues la gente habla de todo menos de Maldonado Castro, y quienes suelen expresar algo al respecto lo hacen para indicar que ha ayudado a buena parte de su población con donativos, raciones de comida, vivienda y entrega de recursos económicos. No obstante, la alcaldesa del Municipio de Miches, Luz María Mercedes, dijo que apoyará las labores investigativas del Ministerio Público e indicó que está dispuesta a colaborar con las autoridades, sí así lo requieren. “Estamos apegados a la voluntad del Ministerio Público y que hagan su trabajo.
Lo que hemos estado es dándole asistencia a los ciudadanos mediante la coordinación para que puedan abrir otra de las estaciones”, señaló Mercedes. Sin embargo, al hacer referencia al dueño de esas tres estaciones de expendio de gasolina, dijo desconocer información precisa en lo que respecta a los propietarios. “Solamente, nos han dicho que hay tres bombas en investigación, de las cuales una se abrió para darle el servicio al pueblo, pero no da abasto, y junto a la gobernadora de El Seibo estamos haciendo los esfuerzos”, aseguró Mercedes.
LOS MORALES
De acuerdo al Ministerio Público, los apresados están relacionados a los 722 paquetes de drogas ocupados por la DNCD en La Altagracia, específicamente en el distrito Municipal Boca de Yuma, en noviembre de 2018, y a un alijo de 659 paquetes de cocaína ocupados en Bayahíbe, también en noviembre de ese mismo año. Además, están vinculados a otros dos alijos introducidos a Puerto Rico en 2016 y 2018 desde la zona Este del país.
Uno de ellos era de 1,786 kilogramos y otro de 500 kilogramos de cocaína. En el caso particular de Juan José de la Cruz Morales (Wandy o EMichero), está vinculado directamente al decomiso de los 1,786 kilos de cocaína. También, al caso de 2016, por el que fue apresado en noviembre de ese mismo año en Puerto Rico, donde se presentaron cargos criminales y de narcotráfico. En tanto que, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar), también fue apresado en Puerto Rico y deportado a República Dominicana. A De la Cruz Morales se le atribuye haber matado a tiros a dos hombres en 2013, en La Vega, por supuestos ajustes de cuentas por negociaciones con drogas.
“LA PRINCESA”
También, entre los involucrados figura el nombre de María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli o “la Princesa”, la cual, de acuerdo a datos divulgados por el Ministerio Público, quiso aparentar ser la propietaria de la villa marcada con el E1-12, la cual fue adquirida por un valor de aproximadamente 2 millones de dólares, construida dentro de la parcela 220-B-12-A, en el Municipio Los Llanos, San Pedro de Macorís.
Tavares Rodríguez fue condenada en 2013 a cumplir tres meses de prisión preventiva en Najayo Mujeres, por estar vinculada a una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
TRÁFICO DE DROGAS
El Ministerio Publicó explicó que los involucrados eran parte de una poderosa estructura del crimen organizado, que operaba de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico que tenían como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia de Santiago.
Según el Ministerio Público, producto del narcotráfico, los vinculados a la organización criminal, adquirieron cientos de propiedades, armas de fuegos de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento. También, de esta red se dice que algunos de sus miembros financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
