EL SEIBO. El local del Centro de Capacitación y Producción Progresando Con Solidaridad (CCPP), en El Seibo fue el objeto de conflicto entre la gobernadora Irene Martínez y la logia masónica de la Fraternidad No.1, que condujo a un proceso judicial, donde esta última demandó a Martínez por “irrumpir” dicho local al considerarlo como propiedad privada y no del Gobierno.
La Fraternidad No.1 fue que donó los terrenos para dicho local. En este contexto, Guillermo Nolasco uno de los abogados de la logia, dijo a este medio que se emitió un auto dictado por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, puesto que hace unos meses la directiva de la logia interpuso una querella ante la Corte en contra de la gobernadora por “irrumpir en una propiedad privada como si fuera suya o del Estado”. “La logia le hizo varias peticiones para que ella de forma voluntaria entregara y no lo hizo, hasta que finalmente se querellaron. Fuimos a varias vistas celebradas ante la procuradora de la Corte, la cual le había dicho en varias ocasiones que entregara el local voluntariamente y no llegar al final. Como tozuda que es y sin conocer a profundidad el Derecho, se ha negado”, acotó Nolasco.
¿A QUIEN CREERLE? El abogado Nolasco explicó que se designó a una juez de instrucción especial para conocer el caso en la primera fase, por tanto, más adelante “estarían conociendo medida de coerción en contra de la gobernadora por varios tipos penales”. Nolasco manifestó que “es muy grave la situación, y Martínez podría perder el cargo”, además de que pedirían prisión preventiva.
Señaló que ella aún tiene la oportunidad de entregar el local. El jurista resaltó que “por violación a varios artículos de la Constitución, la ley que rige la invasión de propiedad, y de igual manera por haberse constituido en turba, lo cual se considera como asociación de malhechores en la legislación penal positiva, y de encontrarse culpable de esas imputaciones, ella podría enfrentar una eventual condena de 10 años, por no ceder y quedarse con edificaciones que son privadas”.
La gobernadora provincial Irene Martínez, sostuvo que ha asistido en cuatro ocasiones a la Corte y que su único deseo es que el centro se abra para que los jóvenes seibanos puedan capacitarse. Afirmó que la parte acusadora nunca se ha dirigido a ella para buscar una conciliación y que no obstante, aunque la logia asegure los terrenos sean de su propiedad, la edificación corresponde al Gobierno.
La funcionaria negó que violara varios artículos de la Constitución de los que se le acusa, y manifestó que la logia como tal no funciona hace años aquí en El Seibo. “Yo no cree turba, yo no delinquí. Yo fui allá dentro a abrir unos candados que ellos cerraron, y tengo derecho como gobernadora a defender los espacios públicos. Mienten cada vez que van a la corte y dicen que han tratado de acercarse a mí y no es verdad”, dijo.
Martínez enfatizó en que: “Yo trato de dar el servicio a mi pueblo a través de un trabajo que me designó el presidente, pero si defender los derechos de los ciudadanos conlleva a esa situación, no la puedo obviar. Eso es parte del trabajo, surgen situaciones y esta es una. Si una corte me juzga y condena no sé de qué, veremos lo que entiende el tribunal”.
Joaquín Paniagua, miembro directivo de la referida logia y también jurista, afirmó que solicitarán el aceleramiento del proceso judicial, porque hace nueve meses el centro está cerrado y los masones no pueden penetrar al mismo por causa de la gobernadora.
“El día que nos entregue el local, haremos un inventario, y si hay que querellarnos por las cosas que hagan falta, la única responsable será ella si no aparecen esas cosas, porque entró, desalojó y puso eso bajo la vigilancia de la Policía. No se nos va a apretar el pecho para pedir el resarcimiento de lo que haga falta allí, ni los daños y perjuicios que recibimos. Fuimos muy pacientes”, resaltó.
El abogado defensor de Martínez, Orlando Villa, señaló que un grupo que le acompañaba a la gobernadora, rompió el candado y penetró, “pero eso no es violación a la propiedad, porque para ser violación tiene que ser continua y permanente y ella solo entró e hizo el inventario y salió. La medida de coerción se va a caer de la mata, va a ser inadmisible”, acotó.
El jurista señaló, además que es un proceso en el que le garantiza la derrota a la logia y el éxito a la gobernadora. El regidor perremeísta y presidente de la Sala Capitular, Luis Chalas, afirmó que “hay cosas que llegan por la forma de manejarse y que arrastran consecuencias. Hay gente que no queremos entender que las posiciones son transitorias y que no se deben usar para perseguir ni ultrajar a nadie. Uno lo lamenta mucho, pero es una crónica de una muerte anunciada”.
