SANTO DOMNGO. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada de una instancia, para conozca los estatutos de las denuncias depositadas contra 17 personas acusadas de presunta corrupción en el proceso que durante el gobierno pasado se llevó a favor del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
La instancia fue depositada por el abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, Miguel Valerio para que la Pepca de a conocer el estatus de la denuncia depositada hace alrededor de un año y que ponga en movimiento la acción pública por tratarse de una denuncia de corrupción.
“También, hacemos la petición al Ministerio Público de avanzar con la fase de la investigación penal para que por fin este país conozca con pruebas contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación”, manifestó Valerio ayer a medios nacionales.
Tras hacer el depósito de la referida instancia en la sede de la Pepca, Valerio indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”, sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único propósito de beneficiar a un determinado grupo económico.
“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es muy obvio es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno. Y se le debe explicar a este país por qué se le dio al Grupo Abrisa esa obra de grado a grado, cuando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y también la Ley de Alianzas Público Privadas dicen claramente cómo son los proyectos de iniciativas privadas que son referentes a servicios públicos, y ahí se hizo todo lo contrario”, expuso Miguel Valerio.
El jurista explicó que la primera distorsión en todo el «entramado» de irregularidades se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando se aprobó mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020, una “no objeción” sin tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Y posteriormente, cuando el Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac), emitió un informe en un tiempo récord de solo tres días basado en informaciones parcializadas de la parte interesada, sin realizar estudios técnicos correspondientes requeridos por la ley, así como por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Valerio señaló que en todo el proceso para la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro se violaron los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual tuvo que ser reconocido por el propio IDAC cuando le revocó el permiso y ordenó paralizar su construcción, declarándolo “lesivo para el interés público”.
Con información del periódico El Día
