SANTO DOMINGO. El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de Bávaro a través de la empresa panameña CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados.
El propósito es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.
El magistrado titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitió la sentencia el pasado 27 de abril, en atención a un recurso sometido por la empresa Mahoe Traiding, ante la tardanza de la fiscalía del Distrito Nacional en iniciar las “diligencias de investigación” demandadas hace dos meses.
La solicitud a la fiscalía del Distrito Nacional forma parte de una querella sometida el pasado 22 de febrero del 2021 por lavado de activos, asociación de malhechores y evasión fiscal, que involucra a Hazoury Total, Miguel Alberto Surun Hernández, Rafael Fernández de Castro, y a las empresas CVC ONE y el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
La sentencia indica que acoge “la solicitud de realización de diligencias de investigación presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD” cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo, por “haberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente”. El artículo 286 del Código Procesal Penal faculta a las partes en conflicto a “preponer diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento”.
El juez además: “Ordena al ministerio Público disponer las diligencia de lugar a los fines de que sean obtenidas las informaciones elevadas a través de la solicitud”. Establece que la fiscalía, cuya titular es Rosalba Ramos, no había respondido ni realizado gestión alguna, casi dos meses después de presentada la querella contra las empresas y personas citadas.
En sus motivaciones, el magistrado Sena Ferreras refiere que las diligencia de investigación es “referida a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y a la Dirección General de Impuestos Internos, para que estos emitan la situación y manejo de productos financieros, así como los pagos y registros del pago de la parte acusada”, pero no se recibió respuesta, entendiéndose esto “como una negativa ante la solicitud”; situación en la que el solicitante tiene derecho a acudir a un juez de instrucción para que decida sobre la petición.
Observa el juez que, “no existiendo obstáculo ni violación penal para que el ente persecutor haya dado respuesta ante tal solicitud hecha”, aún la fiscalía alegue que la parte querellante “no individualizó ni justificó” su pedimento, dicha solicitud está más que clara” en el escrito de la querella existente.
¿POR QUÉ LA QUERELLA?
El apoderado legal de Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo explicó, y está incluido en las motivaciones de la querella, que esta empresa adquirió en el 2007 un solar en los “Farallones de Trump” de Cap Cana por más de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo económico en el cual recolectó más de US$300 millones, pero no cumplió con el compromiso de construir allí casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.
El contrato, dijo, incluía una cláusula arbitral para dirimir las reclamaciones, por lo que después de mucho esperar y solicitar la devolución de lo pagado, se acudió a la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. En diciembre del 2020, casi tres años después de iniciado el proceso, Cap Cana fue condenada a devolver los US$2.9 millones y pagar más US$567 mil de indemnización.
Lora señaló, que por las dificultades para cobrar se estudió todo el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana, y se decidió actuar porque este grupo económico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades económicas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirtió 117 millones de pesos en la compra de terrenos.
Propiedades, detalla, que CVC ONE vende más tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de Bávaro; y como en julio del 2019 Surún había traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses después, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo presidente.
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