SANTO DOMINGO. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), busca incluir dentro de sus pruebas documentales un CD que contiene información financiera de las empresas del imputado Víctor Díaz Rúa.
Con ese propósito presentó un recurso de oposición para que se deje sin efecto la decisión adoptada el pasado jueves por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante la cual excluyó la incorporación de dichas pruebas, luego de acoger una objeción presentada por la defensa técnica del imputado Díaz Rúa.
El Ministerio Público reafirmó que dicha información financiera fue obtenida de manera lícita, con la orden judicial correspondiente emitida por el magistrado José Alejandro Vargas, el entonces juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público, precisó, durante su intervención en el juicio, que la orden se ejecutó en tiempo razonable y dijo que la misma fue entregada al tribunal.
Destacó que el juez Vargas autorizó al órgano acusador solicitar a la Superintendencia de Bancos los datos relativos a las empresas de Díaz Rúa y que así se procedió, por lo que dijo las mismas deben ser incluidas dentro de las pruebas contra el imputado.
El tribunal por decisión mayoritaria de dos de sus tres integrantes, con el voto disidente de la presidencia, acogió el pasado jueves la objeción de los abogados de Díaz Rúa, estableciendo en el fallo que la orden no poseía plazo para la diligencia, decisión contra la cual el Ministerio Público presentó el recurso de oposición.
En ese sentido, el Ministerio Público argumentó que la Constitución de la República Dominicana establece que a ningún ciudadano se le puede exigir lo que no está previsto en la ley, además de que la norma procesal penal no prevé plazos para la realización de ese tipo de diligencia, por lo que dijo en este caso corresponde la incorporación de dichas pruebas.
Por los US$92 millones pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de obras del Estado dominicano, además de Víctor Díaz Rúa son procesados Ángel Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.
El órgano investigador le atribuye haberse enriquecido ilícitamente en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El equipo litigante del Ministerio Público lo encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho y lo integran los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo.
