PUNTA CANA, RD.-El presidente Luis Abinader ha dado muestras fehacientes de que no le interesa iniciar una cacería de brujas contra ex funcionarios del ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aunque muchos de ellos de seguro enfrentarán el indeseable suplicio de ser investigados por presuntos actos de corrupción.

El jefe de Estado, queriendo ser coherente con su discurso de campaña, también ha prometido que no sacará de la administración pública a miles de servidores, por el simple hecho de no comulgar con las ideas políticas del partido ganador de la pasada contienda electoral.

Sin embargo, dentro y fuera del Gobierno, persisten voces agitadoras que pretenden echarle un balde de lodo a las directrices del presidente, quien con su actitud busca deshacer viejas prácticas execrables, amparadas en la idea distorsionada de que el Estado es una especie de patrimonio de la clase política en el poder.

La muestra más reciente de esta afrenta a la autoridad presidencial fue la destitución de directores regionales y de distritos educativos a nivel nacional, no obstante haber sido nombrados en sus puestos mediante concursos de oposición avalados mediante ordenanza por el propio Ministerio de Educación.

Así las cosas, mientras Abinader hace esfuerzos por ejercer un mandato con una visión moderna en la concepción del Estado, sus propios correligionarios boicotean sus intenciones con conductas y acciones retrógradas y desafiantes.