Punta Cana. – El control directo que desde la creación del Ministerio Público tiene el presidente de la República sobre este órgano de persecución penal, justifican la propuesta y argumento esgrimido por el presidente electo, Luis Abinader, para nombrar un procurador general de la República independiente de las mancuernas del Poder Ejecutivo.
Esta iniciativa ha causado un gran revuelo. Y era de esperarse, sobre todo porque sobran personajes polÃticos que por vez primera verÃan amenazado el manto de impunidad que durante décadas ha cubierto su accionar impúdico y cuestionable en el ámbito de la Administración Pública.
La polémica idea parte del compromiso que en la fase de campaña del pasado proceso electoral asumió el candidato ganador del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esta promesa le generó a Luis Abinader los adeptos suficientes como para no retroceder en sus propósitos de liberar al Ministerio Público de la dependencia absoluta de la figura presidencial.
Esta sujeción constitucionalmente obligada del procurador general frente al presidente ha sido fuente de muchos conflictos, pocas veces ventilados en la esfera pública y casi siempre de manera soterrada. Esto asÃ, debido a que los grandes casos de corrupción surgen precisamente en el Gobierno, y a los presidentes dominicanos no les agrada la idea de mandar a prisión a sus más cercanos colaboradores, no importa cuán deshonestas sean sus andanzas.
Pero echemos una mirada al pasado, para ver en el terreno práctico por qué Luis Abinader luce determinantemente decidido a quitarle el dominio que desde siempre ha tenido el Ejecutivo sobre el procurador general de la República, maniobrando tras bambalinas para proteger a funcionarios importantes del brazo castigador de la Justicia.
SOLO PARA RECORDAR
Leonel versus Guillermo
De los múltiples hechos que delatan la incongruencia de un Ministerio Público tutelado por un Poder Ejecutivo que suele resguardar a servidores imputados o señalados como responsables directos de prácticas criminales, hubo uno que dado el contexto polÃtico y social de la época adquirió singular notoriedad.
Nos referimos a la cancelación ipso facto de Guillermo Moreno, autorizada y firmada por el propio presidente que lo nombró fiscal del Distrito Nacional en su primer gobierno, Leonel Fernández (1996-2000).
Pero, ¿Por qué canceló Leonel Fernández a Guillermo Moreno? Recordemos, pues, las razones. A Guillermo Moreno, cuando aceptó el cargo del departamento judicial más importante del paÃs, nadie le dijo que debÃa cuidar las â??vacas sagradasâ? que históricamente han tenido licencia especial para desfalcar y exhibir luego sus fortunas mal habidas de forma descarada.
Por esto, el ex fiscal del Distrito Nacional y ahora lÃder del Partido Alianza PaÃs emprendió una batalla campal contra corruptos y criminales, apoyado en viejos expedientes engavetados adrede para seguir alimentando el monstruo de mil cabezas de la impunidad.
Uno de esos casos fue el asesinato del periodista Orlando MartÃnez, el 17 de marzo del 1975, en plena época del perÃodo conocido como â??los 12 años de Balaguerâ?, que hace alusión a los tres gobiernos que de forma consecutiva presidió el extinto fundador y lÃder hasta su muerte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), JoaquÃn Balaguer.
Moreno llegó a confesar públicamente las implicaciones de intentar procesar a los responsables de matar a Orlando MartÃnez, sobre todo porque durante la fase de investigación debÃa identificar a los autores materiales e intelectuales, que involucraba a altos e influyentes mandos de las Fuerzas Armadas.
â??La primera vez que recibà amenaza de cancelación fue en noviembre del 1996, a los tres meses de estar en la función, cuando se tomaron algunas decisiones que no gustaron en Palacioâ?, dijo Moreno, en una entrevista concedida al matutino ListÃn Diario, publicada el 26 de febrero del 2008.
Guillermo Moreno tuvo el coraje de intentar procesar al ex presidente JoaquÃn Balaguer, llegando incluso a citarlo para interrogarlo respecto al horrendo asesinato del que fue vÃctima el reputado periodista Orlando MartÃnez, crÃtico acérrimo y persistente de aquellos oprobiosos 12 años, caracterizados por matanzas, desapariciones y persecución de dirigentes opositores.
Pero ese anciano ex presidente que Moreno querÃa interrogar sobre la muerte de Orlando, y que sectores de izquierda entendÃan debÃa morir tras las rejas por ese y otros crÃmenes no esclarecidos aún, tan solo unos meses antes, en 1996, fue pieza clave para el acuerdo electoral â??Frente Patrióticoâ? que llevó a Leonel por vez primera a la Presidencia.
Moreno tenÃa en carpeta otros expedientes de corrupción germinada en los gobiernos de Balaguer. Desafortunadamente para las buenas intenciones de Moreno, ningún caso pudo llegar a su fin en su gestión como fiscal, porque a los 12 meses de su nombramiento Leonel lo puso fuera de su reinado.
El hastÃo de Bello Rosa
Cuando postulado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Hipólito MejÃa (hoy alto dirigente del PRM) ganó las elecciones del año 2000, nombró como procurador general de la República a Virgilio Bello Rosa, abogado y dirigente del perredeismo histórico, de sobrada e indudable solvencia moral y coherente con sus principios.
En su condición de cabeza del Ministerio Público, a Bello Rosa le correspondió lidiar con un caso que apresuró el teñido blanco de su pelo y le quitó muchas horas de sueño. Y todo porque el principal implicado era el coronel Pedro Julio Goico Guerrero, jefe de la avanzada presidencial y hombre de entera confianza del entonces presidente Hipólito MejÃa.
En noviembre del 2002, el coronel Goico Guerrero fue apresado por su supuesta implicación en un fraude por 40 millones de pesos contra el Banco Intercontinental (Baninter). Al controversial coronel en retiro se le atribuÃa haber usado tarjetas de crédito emitidas por el desaparecido Baninter, mediante supuestas acciones fraudulentas para favorecer al presidente Hipólito MejÃa.
También fueron detenidos el ex capitán Alberto Torres Pezzotti y el sargento Pedro DÃaz, ambos de las Fuerzas Armadas y también vinculados con aquel escándalo mediáticamente bautizado como â??Pepecardâ?.
El primer enfrentamiento de Bello Rosa por este proceso judicial fue directamente con el fiscal del Distrito Nacional durante ese primer gobierno de MejÃa (2000-2004), Máximo Aristy Caraballo. El doctor Bello Rosa entendÃa que por la gravedad de los hechos imputables, el expediente debÃa ser calificado como criminal, pero Aristy Caraballo consideraba que debÃa ser correccional.
De hecho, y en función del criterio jurÃdico que defendió a hacha y machete, en vez de insistir en un juicio de fondo, Aristy Caraballo solicitó una fianza de 40 millones de pesos para el ex capitán de corbeta Alberto Torres Pezzoti; de 10 millones de pesos para el ex sargento Pedro DÃaz y de 5 millones de pesos para el ex coronel Goico Guerrero.
El ex procurador general de la República quiso dar un ejemplo de integridad como Ministerio Público, llevando el caso de Pepe Goico hasta las últimas consecuencias. Pero el gran peso de los fuertes vÃnculos de Pepe Goico con Hipólito MejÃa terminó imponiéndose de tal forma que forzaron la renuncia de Bello Rosa.
Las presiones de lo que en su momento llamó â??instancias de poderâ? para proteger al ex coronel pudieron más que sus ingentes esfuerzos para hacer justicia.
Tres años después de tan amarga experiencia, Bello Rosa sacó de sus adentros sus frustraciones. â??Ustedes recordarán que yo hice un pronunciamiento que salió en las primeras planas de periódicos nacionales, donde yo señalaba que estaba en desacuerdo con el tratamiento que el fiscal del Distrito Nacional (Máximo Aristy Caraballo) le habÃa dado al caso de Pepe Goico. Eso disgustó un poco al presidente de la República (Hipólito MejÃa) y ahà vino la situación en la que a la verdad yo no podÃa seguirâ?, señaló Bello Rosa, en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, publicada el 6 de octubre del 2005.
La carta de renuncia
Ese mismo año 2002, especÃficamente el 17 de marzo, el mismo fiscal Aristy Caraballo puso en libertad a Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, secretarios de Obras Públicas, de la Presidencia y Contralor de la República, respectivamente, en el gobierno que Leonel Fernández dirigió entre 1996 y 2000.
El grupo fue sometido a la justicia acusado de malversar más de mil millones de pesos del erario, a través del Programa Eventual MÃnimo de Empleos (PEME), creado en el primer gobierno de Leonel Fernández. La libertad de estos ex funcionarios leonelistas fue igualmente caldo de cultivo para otro encontronazo entre Bello Rosa y Aristy Caraballo.
Incluso, Bello Rosa dejó ver su descontento en su carta de renuncia enviada a Hipólito MejÃa, de quien dijo le habÃa dado â??un bocheâ? público por su propósito para encerrar en un calabozo a quienes entendÃa habÃan cometido actos dolosos en perjuicio de la cosa pública.
En la carta de renuncia como procurador general de la República, fechada 7 de enero del 2003, Bello Rosa emitió consideraciones cuyo valor semántico aplica para entender prácticas vigentes del Ministerio Público.
â??La ProcuradurÃa General de la República deplora la decisión adoptada por el fiscal del Distrito Nacional, doctor Máximo Aristy Caraballo, al dejar en libertad a los señores Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, quienes fueron sometidos a la acción de la justicia acusados de la comisión de graves irregularidades mientras desempeñaron funciones públicas, durante el perÃodo de gobierno 1996-2000â?.
En su misiva, aseguró que â??tal como se evidencia en el expediente formalizado al efecto, el cual fue publicado Ãntegramente en diferentes medios de comunicación social, la responsabilidad de los acusados es sumamente comprometedora en relación a los hechos que se les imputan, razón por la cual el fiscal del Distrito Nacional deberÃa explicar con suficiente claridad a la opinión pública nacional las razones de derecho en que se basó para adoptar tan desafortunada decisiónâ?.
Indicó que â??la lucha contra la corrupción ha sufrido un revés momentáneo con la medida de la FiscalÃa del Distrito Nacional, pero la misma continuará sin desmayo, sin prisa y sin precipitaciones, hasta que esta jornada contra la delincuencia encuentre respaldo en todos los sectores de la sociedad que tenemos la responsabilidad de combatir tan dañino flagelo que corroe las esencias mismas de la sociedad dominicanaâ?.
