Punta Cana. – La Fiscalía del Distrito Nacional, encabezada por la fiscal titular Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de las investigaciones de las presuntas irregularidades en el proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) para la adquisición de kits de alimentos durante el actual período de cuarentena por el coronavirus, entrevistaron a las señoras Maira Martínez de la Rosa, exencargada del Departamento de Compras, y Elena Rosario, encargada del Departamento de Administración de esta entidad gubernamental.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público indicó que luego de ser citadas, las interrogadas comparecieron para rendir sus declaraciones y responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Pepca respecto a la denuncia de irregularidades en el proceso de contratación Inaipi-MAE-PEUR-2020-0002.
Se recuerda que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación. A raíz de la denuncia, el pasado 17 de abril, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.
En tanto que durante sus declaraciones, la señora Maira Martínez de la Rosa desmintió categóricamente al denunciante, Pablo Cabrera, afirmando que no se ha reunido con éste y que nunca le ha pedido nada, esto en el sentido de que el empresario manifestó que la exencargada del Departamento de Compras del Inaipi le pidió el 30% de un proceso de licitación de 100 millones de pesos.
El órgano de justicia explicó que sigue recabando datos sobre el referido proceso y que en los próximos días continuará los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación y colaboradores del Inaipi, como parte de la investigación que tiene el propósito de determinar la existencia o no de hechos violatorios a las leyes en este caso.
Señaló que luego de que el procurador general de la República, Jean Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la Pepca, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
En ese orden, el órgano persecutor de los delitos señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
Asimismo, reiteró su compromiso de hacer todo lo que corresponda para verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuará conforme lo establecen las leyes de rigor.
El Ministerio Público indicó que en el transcurso de las investigaciones han sido entrevistados el empresario Pablo Cabrera, y los funcionarios y exfuncionarios del Inaipi, Juan López, destituido subdirector de Gestión Institucional; Eduardo Suero Poche, encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro; Maira Martínez de la Rosa, exencargada del Departamento de Compras, y Elena Rosario, encargada del Departamento de Administración.
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