Luego del anuncio del Gobierno, de que quitará el subsidio a los transportistas, han surgido una y mil reacciones, unas a favor y otras en contra. Sin embargo, los que aprueban esta medida superan con creces al minúsculo sector que vio con malos ojos esta disposición.
Obviamente, los que se muestran en desacuerdo con esta medida son los poderosos empresarios del sector transporte, quienes durante años fueron beneficiados con miles de galones de gasoil que del mismo modo se tradujeron en miles de millones de pesos para el Estado dominicano.
Las autoridades que dieron paso a este adefesio nunca pudieron justificar con argumentos convincentes cuál era la razón de peso que obligaba al Estado a favorecer a un sector en detrimento del bolsillo de ciudadanos que pagan honrosamente sus impuestos.
Tuvo que llegar al Ministerio de Industria y Comercio un funcionario como Temístocles Montás, quien preocupado y quizás hasta indignado por esta odiosa disposición, asumió el rol de defensa de los intereses nacionales que sus antecesores no pudieron.
Esta irritante actitud complaciente hacia los multimillonarios empresarios del sector transporte inició en el 2011. Cada año, el Gobierno otorgaba a esta gente beneficios en galones de combustibles que ascendían a unos 4,000 millones de pesos.
Como venganza, los mal llamados dueños del país amenazan con subir el precio de los pasajes establecidos para el transporte público, y el costo para el transporte de carga. Muchos incluso aplicaron aumentos de manera inconsulta, pasándoles por encima a las autoridades gubernamentales responsables de disponer estos incrementos.
De esta forma, una vez más queda demostrado el desorden que impera en el sector transporte, dirigido por personas que revestidos con el ropaje de sindicalistas y dirigentes populares se han enriquecido de manera asombrosa. Se trata de gente que posee fortuna a costa de un sector al cual ningún Gobierno se ha atrevido a enfrentar con aceptables niveles de seriedad.
Medio país se pregunta cuáles son los motivos que impulsan a la clase gobernante a ser exageradamente complacientes con este sector. Sin embargo, aunque cause mayor malestar, la respuesta a estas inquietudes se puede encontrar en la falta de respeto a la institucionalidad y al orden jurídico preestablecido.
Todo esto sin contar que en República Dominicana la actividad política se nutre del chantaje y de negocios soterrados, que atentan contra el desarrollo de los más empobrecidos. Y de eso saben mucho los transportistas.
