Desde hace varias semanas, el sector productor de leche en la región Este, sobre todo, los de las provincias El Seibo y La Altagracia, vienen quejándose de la difícil situación por la que están atravesando, haciendo énfasis en el bajo costo al que deben vender el producto a intermediarios y empresas procesadoras de alimentos derivados.
El reclamo los ha llevado a realizar movilizaciones en busca de que el Gobierno escuche sus lamentaciones, lo que hasta el momento no ha causado efecto.
Tanto los de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes, en El Seibo, como los de la Asociación de Productores de Leche de la Provincia La Altagracia (Aprodelpa), aseguran que la situación es tal, de que deben vender e litro de leche entre 15 y 16 pesos, cuando al consumidor final llega casi tres veces por encima de ese precio.
La denuncia no se queda ahí. Julio César Echavarría, presidente de Aprodelpa, informa que la mayoría de los productores tienen préstamos con el Consejo Nacional de la Leche (Conaleche), con créditos otorgados cuando vendían el litro sobre los 20 pesos; es decir, más de ocho a nueve pesos por encima de lo que es la realidad de venta de ese rubro de la cadena alimenticia.
Visto de esa manera, es evidente que la situación de ese sector de la agropecuaria dominicana es crítica, lo que se contradice con en el artículo 51 de la Constitución, que declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio.
Es importante señalar que fue establecido como un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica.
Y más aún, el organismo que debe velar por ellos dentro del tren gubernamental, es la Dirección General de Ganadería, y en sus objetivos establece que debe formular y ejecutar la política de desarrollo del país en el campo de la ganadería, la avicultura y la apicultura, así como planificar y programar las estrategias de trabajo indispensables para la protección, recuperación y fomento de las especies animales de carácter doméstico y fines productivos, y la regulación de todos aquellos factores y sistemas que incidan en su reproducción, alimentación, desarrollo, salud, comercialización y abastos.
Desde que los primeros vacunos fueron introducidos en la isla Hispaniola, en 1493, la ganadería ha sido una de las actividades agropecuarias más importantes para la economía dominicana. Pero en estos tiempos, la falta de protección y factores de mercado amenazan con aniquilarla.
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