Las recientes lluvias que azotaron Higüey han dejado tras de sí un rastro de destrucción en los barrios periféricos, especialmente en el sector Mamá Tingó, donde decenas de familias han perdido todo lo que tenían. La fuerza de las aguas del río Duey arrasó con viviendas, dejando a más de 75 personas, en su mayoría niños y adolescentes, sin un techo bajo el cual refugiarse.
Es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto. Ya no basta con respuestas parciales y temporales. La solidaridad mostrada por la alcaldesa Karen Magdalena Aristy, quien distribuyó alimentos a las familias afectadas, es un gesto valioso, pero debe ser solo el principio de una acción mucho más profunda y sistemática. La situación exige una intervención inmediata que no solo provea asistencia de emergencia, sino que también impulse soluciones estructurales y de largo plazo para evitar que esta calamidad se repita en el futuro. Las familias damnificadas no pueden ser olvidadas. La reubicación de las personas en zonas seguras y la construcción de viviendas permanentes deben ser prioridades.
Además, el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad debe garantizarse para que los más vulnerables no queden atrapados en un ciclo de miseria. Las autoridades locales, nacionales y los legisladores deben unirse para ofrecer respuestas concretas y duraderas. Las familias de Higüey, que viven al margen de la seguridad y la esperanza, necesitan hoy la acción decidida de un gobierno que no las deje atrás, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores. Si no se toma una decisión clara y urgente, estas huellas de la tragedia seguirán marcando las vidas de esos ciudadanos.
