En República Dominicana persiste una apreciación escéptica de las reformas fiscales. Muchos ciudadanos sienten que el pago de tributos no se traduce en retornos tangibles que mejoren su calidad de vida. Esta realidad genera una resistencia natural frente a los ajustes fiscales, que por efecto dominó también lesiona la confianza en el sistema tributario.
En modo contrario, en aquellos países donde los impuestos son utilizados con eficiencia para financiar proyectos que fomenten el bienestar común, más que un mandato de ley, la ciudadanía lo asume casi como una obligación moral. Este contraste invita a reflexionar sobre la responsabilidad oficial de devolver a la población lo que le cobra mediante tributos.
Los gravámenes no deben ser vistos como un fin en sí mismos, sino como una herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de los pueblos. La inversión en hospitales, escuelas, carreteras y otros proyectos de infraestructura mejora la calidad de vida de la población y refuerza el vínculo entre el Estado y sus ciudadanos. Si los impuestos se traducen en obras favorables para sus comunidades, la gente estará más dispuesta a cumplir con sus obligaciones fiscales.
El manejo diáfano de cada centavo, así como el fortalecimiento de mecanismos para vigilar, evitar y perseguir la corrupción administrativa, deben convertirse en prioridades innegociables. De esa manera, será posible crear una cultura en la que el pago de impuestos se perciba como una inversión inteligente para forjar un futuro venturoso, y no como una carga que el ciudadano debe soportar sin beneficios a cambio.
