Los operativos de la Dirección General de Migración en Verón-Punta Cana, dirigidos a detener a haitianos indocumentados, están en la mirilla de la opinión pública de esta demarcación turística. En un principio, la población respaldó estas acciones, dado que en esa zona se percibe un exceso de haitianos sin la debida documentación.
Sin embargo, la manera en que se desarrollan estos operativos ha generado una creciente ola de descontento y cuestionamientos sobre su propósito esencial.
Aunque estas acciones están amparadas por la ley 285-04, que regula los flujos migratorios en el territorio nacional, varios factores contribuyen a su progresiva deslegitimación. El principal señalamiento a esos operativos es la presunta corrupción en el proceso de detención. Muchos ciudadanos aseguran que, tras ser apresados, los haitianos son liberados a cambio de sobornos.
De comprobarse esta percepción, se estaría convirtiendo una herramienta legal de control migratorio en un mecanismo recurrente de ‘macuteo’ o búsqueda de dinero sucio. Esas persecuciones escenifican también un espectáculo bochornoso que crea una atmósfera de desconcierto e inseguridad. Otro elemento controversial es el lugar escogido para algunos operativos.
La rotonda de Punta Cana, puerta de entrada para millones de turistas, es utilizada como un punto estratégico para detener los vehículos que transportan a los haitianos hacia sus puestos de trabajo en la construcción. Todo esto proyecta una imagen distorsionada del destino turístico, sobre todo por la tensión y confusión que generan.
Migración debe repensar la forma en que realiza este trabajo, priorizando su transparencia y protegiendo la reputación de Punta Cana como un lugar seguro y confiable para vivir y vacacionar.
