El sistema educativo nacional atraviesa una crisis que además de preocupante es simplemente inaceptable. Una década después de la asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) al sector educativo, la situación en las escuelas, lejos de mejorar, parece ir de mal a peor.
Miles de niños sin cupos y escuelas en condiciones deplorables, son síntomas de un problema profundo que debe ser resuelto de manera urgente. Estas deficiencias son una afrenta directa al derecho fundamental de recibir una educación de calidad. Las explicaciones hasta ahora ofrecidas por las autoridades no son suficientes.
¿Cómo es posible que con miles de millones de pesos invertidos en la construcción y mejora de infraestructuras, todavía existan decenas de escuelas sin terminar o con vicios de construcción, tan graves que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los estudiantes? ¿Dónde están los mecanismos de control para garantizar que cada peso asignado a la educación se utilice de manera eficiente y transparente? Aplaudimos que algunos diputados exijan cuentas claras al Ministerio de Educación.
Sin embargo, debemos ir más allá: el Gobierno tiene la obligación de ordenar una auditoría independiente que revele con precisión en qué se han gastado los recursos del 4%. Y más importante aún, determinar cómo se han gestionado esos fondos en los últimos 11 años. Tenemos derecho a saber si el dinero destinado a la educación está siendo utilizado en lo que se nos prometió, que fue mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar que ningún estudiante sea excluido de las aulas.
