HIGÜEY. El Juzgado de Paz de Higüey ha procesado 510 casos de pensión alimenticia entre enero y agosto de este año, según las cifras oficiales. Durante este período, se emitieron 391 sentencias definitivas y se llegaron a 390 acuerdos entre las partes. Además, se registraron 10 impedimentos de salida del país, 50 actas de no acuerdo, y 30 órdenes de arresto por incumplimiento de sentencias relacionadas con pensiones alimenticias.
El salón de audiencias recibe de 20 a 30 casos semanales. Yolanda Ceballo, abogada representante de la magistrada en el Ministerio Público, destacó la importancia de los acuerdos alimentarios en la resolución de conflictos tras separaciones. Según Ceballo, tanto hombres como mujeres acuden frecuentemente al Ministerio Público y al Juzgado de Paz para resolver disputas sobre pensión alimenticia, especialmente cuando uno de los padres incumple con sus responsabilidades. «En este lugar, tratamos de llegar a un acuerdo amigable que beneficie a ambas partes, y en la mayoría de los casos, las partes están de acuerdo», afirmó Ceballo.
El proceso de fijación de la pensión alimenticia se basa en una evaluación minuciosa de los ingresos del padre o la madre, considerando factores como el pago de alquiler y el número de hijos a cargo. Las sentencias de alimentos tienen en cuenta no solo la situación económica de los padres, sino, ante todo, las necesidades del menor, las cuales deben ser satisfechas con prioridad absoluta.
QUERELLAS COMUNES
Una de las quejas frecuentes de los progenitores con guarda es que deben asumir el total de los gastos extraordinarios, como la inscripción escolar, y luego reclamar al otro padre el 50% correspondiente. A pesar de la aportación mensual para la crianza de los hijos, el contribuyente debe cubrir su parte equitativa en los gastos extraordinarios. En caso de incumplimiento, esta obligación puede ser exigida a través del juzgado de paz correspondiente, generando costos legales adicionales.
En algunos casos, los gastos extraordinarios, como ropa, medicamentos, útiles escolares, y salidas a lugares de diversión, superan el monto de la pensión alimenticia establecida. Si uno de los padres incumple con el pago, el otro puede presentar una demanda para solicitar una intimación de pago. Si la persona no cumple con esta intimación, se emite una orden de arresto. Para ser liberado, el padre debe pagar al menos el 50% de la deuda acumulada.
Un caso relevante en el Juzgado de Paz de Higüey fue el de un padre cuya madre, residente en Europa, enviaba dinero regularmente para sus nietos. Sin embargo, el dinero nunca llegaba a la madre de los niños, lo que generó un grave problema de desatención económica hacia los menores. Otro caso involucró a un padre que acumuló una deuda de aproximadamente 60 mil pesos tras varios meses sin pagar la pensión correspondiente a su hijo. Situaciones similares son frecuentes, como lo demuestra otro padre que, tras años de irregularidad en los pagos, ahora enfrenta una deuda de 38 mil pesos. A pesar de las órdenes judiciales para descontar la pensión directamente de los salarios de los padres morosos, las empresas no siempre cumplen con la ejecución de estas órdenes, lo que agrava aún más la situación de los menores.
