Tras fracasar en su intento de paralizar la docencia a nivel nacional, el pasado Día del Trabajo, los maestros insisten en nuevas protestas para lograr que el Gobierno disponga un aumento salarial de hasta un 20 por ciento. Más desafortunada no puede ser su táctica como mecanismo de presión: abandonar de forma irresponsable las aulas en horas de clases, afectando así el calendario escolar y el rendimiento de los estudiantes.
Esta acción, en el tramo final del año lectivo, luce irracional y mal intencionada, pues priva a los alumnos del derecho fundamental a la educación. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), un sindicato con arraigados intereses políticos desde su fundación, desarrolla sus protestas en medio de una campaña electoral, lo que igualmente resta credibilidad a sus propósitos.
La recurrente demanda de aumentos salariales parece ignorar la realidad de las finanzas públicas, dando la impresión de que las arcas estatales es un barril sin fondos, de recursos inagotables. Además, su enfoque centrado en más dinero y beneficios desvía la atención de problemas profundos y estructurales de nuestro sistema educativo, que requieren un abordaje integral y estratégico para soluciones a largo plazo.
La sociedad dominicana debe exigir a la ADP otros métodos de lucha más constructivos, menos contaminados por intereses políticos-partidarios, y que consecuentemente no atenten contra la de por sí cuestionada calidad educativa. Y lo más importante, el derecho de lucha del gremio magisterial no debe jamás sacrificar el derecho de los estudiantes a recibir educación sin traumas ni interrupciones deliberadas.
