En cada jornada electoral, la denuncia recurrente del uso indebido de recursos estatales ha adquirido el estatus de un estribillo que se repite sin cesar hasta más allá de esas jornadas.
Si bien la acusación de tal magnitud debería convocar el respaldo unánime de la población, lamentablemente, los políticos dominicanos han convertido esta seria alegación en una herramienta de ataque, desprovista muchas veces de pruebas contundentes.
La gravedad de la denuncia exige un tratamiento más responsable por parte de quienes la esgrimen.
En lugar de presentar pruebas sólidas que respalden sus afirmaciones, algunos políticos optan por utilizar estas acusaciones como un medio para erosionar la confianza en el proceso electoral y deslegitimar a sus oponentes.
Esta estrategia, aunque efectiva en términos de impacto mediático, afecta la integridad del sistema democrático.
La ausencia de evidencia sustancial sólo perpetúa un ciclo de escepticismo en el proceso electoral, debilitando la credibilidad de los resultados.
El uso indebido del dinero público no puedeser un arma de campaña esgrimida de forma alegre e irresponsable.
Los ciudadanos deben demandar de la clase política un mayor nivel de sus exposiciones y planteamientos, y un escrutinio más profundo de las autoridades competentes para profundizar sus denuncias.
La lucha contra la utilización de recursos públicos en campañas electorales debe trascender la retórica partidista y convertirse en un compromiso colectivo por fortalecer los cimientos democráticos del país.
Solo de esta manera será posible construir una sociedad donde la confianza en los procesos comiciales sea la regla y no la excepción.
