PUNTA CANA. El 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha dedicada a promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad, generando conciencia sobre sus realidades en distintos aspectos de la vida. La Real Academia Española define la discapacidad como la «situación de la persona que, debido a condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, enfrenta dificultades para participar e integrarse socialmente».
En la República Dominicana, un segmento considerable de la población se ve afectado por la discapacidad. Se estima que alrededor de 1,160,847 personas, cerca del 12% del total, viven con algún tipo de discapacidad, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta cifra subraya la necesidad de abordar las necesidades y desafíos específicos que enfrenta este grupo en la sociedad dominicana. La conexión entre la discapacidad y la situación económica en el país es significativa.
El 70,2% de la población dominicana se considera pobre o vulnerable, y esta condición es tanto causa como consecuencia de la discapacidad.
DUALIDAD
Esta interdependencia entre pobreza y discapacidad resalta la importancia de implementar medidas que aborden no solo las limitaciones físicas o cognitivas, sino también las barreras sociales y económicas que enfrentan las personas con discapacidad. Un aspecto preocupante es la falta de acceso al empleo decente para el 64% de las personas con discapacidad en República Dominicana.
Esta carencia no solo impacta la autonomía y calidad de vida de los individuos afectados, sino que también supone una carga adicional para sus familias. Por ende, es esencial implementar políticas y programas inclusivos que fomenten la participación plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, incluido el ámbito laboral. La discriminación por motivos de discapacidad en la República Dominicana sigue siendo un problema que afecta a estas personas en múltiples aspectos de sus vidas.
A pesar de los avances en la concienciación y la legislación, persisten desafíos significativos en el acceso a una educación digna, empleos y oportunidades laborales, entre otros. Aunque existen leyes en República Dominicana que prohíben la discriminación por discapacidad, como la Ley No. 5-13 sobre Discapacidad, la implementación y ejecución efectivas a veces son deficientes, dejando a las personas con discapacidad sin la protección adecuada.
Es fundamental abordar estos desafíos mediante la efectiva implementación de leyes existentes, promoviendo la inclusión en todos los aspectos de la sociedad y continuando la sensibilización para cambiar actitudes hacia las personas con discapacidad en la República Dominicana.
PROCESOS
El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), adscrito a la Presidencia de la República, tiene la responsabilidad principal de coordinar los procesos de formulación y evaluación de políticas públicas para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos. Además, debe defender, promover y asegurar el respeto a los derechos, libertades fundamentales y dignidad inherente de las personas con discapacidad, procurando la eliminación de toda forma de discriminación hacia ellas.
Asimismo, debe establecer mecanismos de coordinación para facilitar la adopción de medidas que promuevan y supervisen la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras acciones. La principal dificultad que enfrentan las personas con discapacidad no radica en sus limitaciones físicas, como la ceguera, sordera o la falta de extremidades, sino más bien en las barreras derivadas de actitudes y entornos que obstaculizan su plena participación.
Estas barreras, ya sean físicas, de comunicación o actitudinales, son los verdaderos obstáculos para la inclusión, impidiendo que las personas con discapacidad se integren equitativamente en todos los ámbitos de la vida. Para garantizar su independencia y participación plena, los estados deben implementar medidas que aseguren su acceso equitativo al entorno físico, transporte, información, comunicación y otros servicios públicos, tanto en áreas urbanas como rurales. Estas barreras afectan negativamente la realización de actividades diarias y la participación social y productiva, menoscabando la dignidad de las personas con discapacidad.
