Más ojo a zonas de entrada
El crimen organizado representa una de las principales amenazas para la seguridad de los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas. Es un tema de constante debate en foros internacionales sobre prevención del crimen y actualización de estrategias para combatirlo en diferentes escenarios.
El uso de tecnología avanzada, control de acceso, personal debidamente capacitado, acuerdos de cooperación internacional y la evaluación continua, son esenciales para prevenir el crimen en todas sus manifestaciones y garantizar la seguridad en las zonas de entrada a un país.
Las inspecciones de seguridad son fundamentales para garantizar la detección de cualquier actividad delictiva en esos puntos. Y esto puede incluir la revisión de equipajes y mercancías, detección de sustancias prohibidas y la verificación de las personas que ingresan o salen de la zona, a través de tecnologías aplicadas en sistemas de identificación biométrica.
La tecnología avanzada como herramienta básica en el combate al crimen organizado, en el caso de puertos y aeropuertos, se apoya en la utilización continua de escáneres de rayos X y detectores de metales, puede ayudar a detectar objetos peligrosos y sustancias prohibidas que puedan ser utilizadas para cometer delitos.
El control de acceso también es una medida de primer orden. Esto es, contar con dispositivos tecnológicos y personal altamente entrenado para verificar quiénes entran a nuestro territorio. Esa capacitación incluye la identificación de comportamientos sospechosos y el manejo de situaciones de riesgo.
Las autoridades portuarias, aeroportuarias y de protección fronteriza deben también verificar los antecedentes de las personas que ingresan al país para detectar cualquier historial delictivo.
Los cuerpos especializados de seguridad en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas están igualmente compelidos a implementar rigurosos protocolos de selección del personal que presta servicios en esas áreas estratégicas para la defensa y seguridad nacional.
Esto último deberá implicar la política de rotación permanente de oficiales y el personal bajo su mando y supervisión, así como la aplicación de herramientas de investigación de los mismos, a los fines de validar niveles de diafanidad en el ejercicio de sus funciones.
