PUNTA CANA. Fueron dictadas medidas coercitivas esta tarde contra los implicados en la Operación Calamar. Al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y al ex ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta le impusieron prisión preventiva por 18 meses, en tanto que el ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo cumplirá prisión domiciliaria.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó las medidas contra los ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, acusados de integrar una red que supuestamente desfalcó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
A los demás imputados de la Operación Calamar, la mayoría de los cuales llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, les impuso fianza, impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.
Los ex funcionarios están acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, y otros cargos que serán debatidos en un juicio de fondo.
La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, dijo al salir del juzgado que no descarta nuevas detenciones y resaltó la «seriedad» y «contundencia» de todo el proceso investigativo y de sus resultados.
Sostuvo que la las investigaciones realizadas por el Ministerio Público son contundentes, por lo que «Todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal tendrá que enfrentar la Justicia, dijo Reynoso, quien señaló que el caso Calamar «es de la criminalidad organizada».
La juez Romero aceptó el pedimento del Ministerio Público de 18 meses de prisión para los 20 imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para 14 de ellos que admitieron su participación en la supuesta estructura de corrupción.
Entre los imputados figuran el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como el abogado y político Ángel Lockward y otros ex funcionarios o contratados públicos.
