EL SALVADOR. Este 27 de marzo se cumplirá un año desde que El Salvador entró en estado de excepción, que fue aprobado por el Congreso a petición del gobierno en 2022. El pasado miércoles, el presidente Nayib Bukele volvió a solicitar su renovación luego de que en un sólo día se registraran 62 asesinatos atribuidos a las bandas delincuenciales.
La Asamblea Legislativa aprobó por 30 días más el régimen de excepción, una disposición que es “transitoria y excepcional”, según la Constitución, pero que está por cumplir un año de vigencia. La medida de excepción fue en respuesta ante los hechos de violencia provocados en su mayoría por pandillas.
La seguridad y una postura firme contra estos grupos delincuenciales, fueron promesas de campaña del presidente Nayib Bukele. Pero sectores de oposición, ONG, organismos internacionales, entre otros, han criticado al presidente salvadoreño y creen que sus medidas son exageradas.
Desde entonces, está suspendida la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado. El es tado de excepción, además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, como ha sucedido en los últimos 12 meses, mientras existan las causas que lo originaron. Bukele dijo que tras el nuevo operativo de traslado “ya son 4.000 pandilleros los que habitan” el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Se confirmó que se llevaron a la mega prisión a 57 cabecillas de las pandillas, entre ellos uno de los cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Alex Alfredo Abrego, también a gatilleros y 1.868 homeboys (miembros de pandillas).
El director de la Policía Nacional, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, afirmó, que, tras casi un año de la implementación de la medida, los resultados son contundentes y “con base en ese diagnóstico, consideramos que es necesario prorrogarlo». «Estas herramientas legales nos permiten a nosotros y a las fuerzas armadas la certeza de que los procedimientos son legítimos”, defendió el mando policial.
La ampliación de esta medida, que es respaldada por la población, ha garantizado la seguridad y libertad en barrios y colonias que históricamente fueron dominados por estructuras delincuenciales.
