Por más que se intente respetar el derecho de amplios sectores de la sociedad dominicana de tener un respiro frente al proselitismo incesante, evitarlo ha sido prácticamente imposible.
Las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Orgánica de Régimen Electoral, no han sido suficientes para frenar la propaganda política fuera de los tiempos establecidos por estas normativas.
Los partidos políticos se amparan en el derecho constitucional que consagra la libertad de expresión, como recurso neutralizador del mandato de esas legislaciones, o para acallar las voces que cuestionan el laborantismo político-electoral faltando más de dos años para los sufragios del 2024.
La propia Junta Central Electoral se ha declarado incompetente para parar esta práctica, que se ha vuelto un círculo vicioso en la clase política nacional. En el sistema de creencias de los dominicanos prevalece la idea de que en este país la campaña electoral es permanente.
En verdad, partidos y políticos opositores no posibilitan una tregua que permita a las autoridades de turno articular un plan de gobierno pensado como Estado-Nación, sin banderías ni sectarismos políticos.
Este desenfreno dificulta pensar en ideas y propuestas consensuadas sobre temas de interés común. La agenda de desarrollo nacional queda relegada solo al quehacer de quienes ocupan el poder, porque nunca es posible contar con el apoyo de una oposición que solo sabe oponerse a todo.
Cada iniciativa oficial solo recibe rechazos y críticas infecundas, porque el fin único es desacreditar y cuestionar, jamás proponer y participar. Y todo esto es parte de las estrategias de posicionamiento político-electoral que los partidos mantienen de forma invariable durante todo el año.
