Sin ninguna explicación o justificación que sirva para tranquilizar a sus munícipes, las autoridades gubernamentales aún no han podido cumplir con un pliego de demandas sociales que procura la provincia de El Seibo.
Pareciera que sus ciudadanos suplican lo que el Gobierno está obligado a cumplir por mandato constitucional. Olvidar sus obligaciones es una conducta que se repite cuando las clases políticas con vocación de poder asumen la conducción del Estado.
Y en verdad no se trata de un favor concedido. Es que la Constitución, en su artículo 8, define perfectamente cuál es la misión fundamental del Estado frente a los gobernados.
Recordemos lo que establece dicho apartado constitucional: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.
Los seibanos piden de todo, porque no tienen de nada. El Seibo exige y necesita agua potable en calidad y cantidad suficientes; un hospital con mejores condiciones y con capacidad para su población; caminos vecinales y hasta un cementerio decente para sepultar a sus muertos.
Las organizaciones sociales de ese pueblo decidieron no ceder ante la táctica de jugar a que pase el tiempo para forzar el olvido. Advierten que seguirán luchando, hasta que las autoridades entiendan que lo que viene dado por derecho no se pide ni se mendiga, sino que se exige.
