Fedodim y Ramón Ramírez

Piden intervención del presidente en conflicto Higüey  vs Verón-Punta Cana por cobro de arbitrios

Verón. El director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez “Manolito”,  pidió la intervención del presidente Danilo Medina en el conflicto por el cobro de arbitrios que sostiene la Junta Municipal con la Alcaldía del municipio Sanvaleón de Higüey.

No es la primera vez que este semanario publica sobre eso.

Este viernes, durante una rueda de prensa, Manolito se acompañó con los ejecutivos de  la Asociación Dominicana de Distrito Municipales  (Fedodim) para declarar  la acción de la alcaldesa Karina Aristy como un “atropello” y de desconocer el acuerdo de 50-50 (50% para Verón-Punta  Cana 50% por ciento para Higüey) en los ingresos sobre el uso de suelo, contemplado en el artículo 34 de  la Ley 125-01.

Este nuevo capítulo de una vieja batalla surgió luego de que el Departamento de Planeamiento Urbano de la  Alcaldía de Higüey emitiera un comunicado a través de los medios de comunicación de La Altagracia, donde expresaba que solo ellos tienen facultad para cobrar arbitrios y a la vez les advirtió a las juntas distritales que  “no tienen competencia legal para otorgar autorizaciones de no objeción de uso de suelo, como tampoco tienen facultad para establecer arbitrios”.

Karina Aristy y Manolo Ramírez
Karina Aristy y Manolo Ramírez

También, les advirtió a las personas que pretenden construir que los permisos que no sean obtenidos en el municipio cabecera podrán ser anulados. Aclaró que lo planteado está en la Ley 6232 del año 1963 sobre planificación urbana, la Ley NO. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y la sentencia TC/0152/13del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, esta vez, “Manolito” ha encontrado apoyo de Fedodim y acusaron a las autoridades de Higüey de “desafiar el orden constitucional y oponerse a la lógica jurídica del Tribunal Constitucional”.

Ramírez indicó a los inversionistas que no deben prestarle atención a las pretensiones y mensajes de “mala fe de la alcaldesa Karina Aristy”, quien debe reconocer el fundamento de la sentencia 100-13 del Tribunal Constitucional, la cual favoreció al distrito municipal Verón-Punta Cana.

Recordaron el conflicto surgido en Piedra Blanca, Bonao, donde 4 regidores perdieron la vida el año pasado.