Karina Aristy y Manolo Ramírez
Karina Aristy y Manolo Ramírez

Round 2: Ayuntamiento de Higüey y Junta Municipal Verón-Punta Cana se enfrentan por cobro de arbitrios

Verón. Nuevamente, el Ayuntamiento de Higüey reitera que las juntas distritales no tienen competencia legal para establecer ni cobrar arbitrios por concepto de construcciones, ni otorgar autorizaciones de no objeción al uso de suelo.

Y es que el pasado 26 de septiembre la institución hizo pública esa preocupación, a través de un comunicado suscrito por el Departamento de Planeamiento Urbano, dirigido a los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Turismo, Hacienda, Comercio y Obras Públicas y Comunicaciones, con el firme propósito de dejar claro cuáles son las competencias en materia de autorizaciones de no objeción a uso de suelo para nuevos proyectos de construcción y cobro de arbitrios.

En el texto, la directora de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Higüey, Luisa Villavicencio, hace referencia a las disposiciones legales (Sentencia TC/0152/13, Ley de 176-07 sobre municipios y Ley 6232-93 sobre Planificación Urbana), en las que se basan para tal advertencia a las juntas distritales, y les recuerda que sus actos son nulos de pleno derecho, por cuanto no les corresponde ejercer acciones en estos temas vinculados a proyectos de infraestructura.

Asimismo, exhorta a los ministerios mencionados que intervienen en procesos de autorizaciones de construcciones, y que requieren contar con permisos de usos de suelos emitidos por la alcaldía higüeyana, abstenerse de aceptar aprobaciones de las juntas distritales, para no confundir a dichos órganos con los ayuntamientos de los municipios a los que pertenecen, pues de lo contrario incurrirán en el incumplimiento de las leyes que rigen el ámbito local; así como los precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia.

No es la primera vez que este semanario publica sobre eso.

“Les solicitamos requerir el resellado de planos y la renovación de las autorizaciones de uso de suelo del Ayuntamiento del Municipio de Higüey que reciban sus ministerios, en aquellos casos en que haya transcurrido más de un año desde su emisión, así como los casos en que dichos actos no estén firmados por la suscrita, quien es directora del Departamento de Planeamiento Urbano desde el año 2011”, afirmó Villavicencio.

INCIDENCIA EN LA ZONA TURÍSTICA

Indudablemente, esta advertencia del Ayuntamiento de Higüey repercute significativamente en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana, pues constituye una de las zonas del país y el Caribe de mayor dinamismo económico y, por ende, de desarrollo de grandes y costosos proyectos inmobiliarios, donde se generan miles de millones de dólares, principalmente vinculados al sector turístico.

El año pasado, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy y el director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez, mostraron sus diferencias en cuanto al manejo de recursos económicos generados en esta zona turística, por concepto del cobro de impuestos municipales.

Actualmente, este distrito se beneficia de un acuerdo de mancomunidad que sirvió de salida salomónica a este conflicto de años, aunque sin negociar la facultad legal de que sea Higüey que cobre los arbitrios.

Se trata del denominado pacto municipal conocido como “50-50”, que distribuye los beneficios del cobro de arbitrios en partes iguales, tanto para Higüey como para Verón-Punta Cana. Este acuerdo plantea la distribución en la misma proporción de los recursos generados por emisión de permisos para las construcciones y uso de suelo, y del 3% que paga por ese concepto el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM). Pero esta situación ha traído incertidumbre entre inversionistas de proyectos en la zona turística, puesto que si algún constructor paga uno de los arbitrios en Verón-Punta Cana, el Ayuntamiento de Higüey no quiere reconocer dicho pago y, por consiguiente, no emite los permisos correspondientes para el desarrollo de proyectos.

Esto ha traído como consecuencia que inversionistas hayan tenido que pagar incluso dos veces. Primero, en el distrito municipal turístico, y luego nuevamente en Higüey, que no reconoce ninguna acción al respecto ejecutada por las juntas municipales que dependen directamente del municipio cabecera.

ADECLA: HAY QUE PAGAR EN HIGÜEY

La Asociación de Desarrolladores y Constructores de la provincia La Altagracia (Adecla) ha recibido información de que algunos de sus integrantes, luego de agotar el proceso de pago de arbitrios por concepto de uso de suelo y permisos de construcción en la Junta Municipal Verón-Punta Cana, se han encontrado con serios inconvenientes al momento de solicitar el sellado de los planos en el Ayuntamiento de Higüey.

El presidente de esta organización, Quilvio Tió Schotborgh, explicó que han sugerido a los constructores y desarrolladores depositar la documentación necesaria de los proyectos en el Departamento de Planeamiento Urbano de Higüey, donde cotizarán los arbitrios.

El ingeniero Quilvio Tió Schotborg, presidente de Adecla.
Quilvio Tió Schotborg, presidente de Adecla.

“Según el acuerdo de mancomunidad entre ambas instancias, los pagos deben hacerse en el Ayuntamiento de Higüey y dividido en dos partes: un 50% a nombre de esta Alcaldía (de Higüey), y el 50% restante a nombre de la Junta Municipal Verón-Punta Cana”, puntualizó.

Tió aclaró que si algún constructor o desarrollador, por desconocimiento, ha pagado el 100% del arbitrio a un sólo organismo, no de berá cancelar nuevamente el monto, y por el contrario tiene que exigir el sellado de sus planos sin demora.

COMUNICADO ENVIADO POR MUNICIPIO CABECERA

“Entendemos que el Ayuntamiento de Higüey es la institución facultada para establecer las tasas de arbitrio, como además es el órgano autorizado para cotizar. La Junta Municipal Verón-Punta Cana no puede modificar el monto de un arbitrio y, por el contrario, ambas instancias pudieran reunirse para llegar a acuerdos en cuanto a este punto”, acotó el titular de Adecla.

Recomendó a los constructores y desarrolladores que no les quieran sellar los planos en Higüey, que se acerquen a la Junta Municipal Verón-Punta Cana y formalicen su inconformidad. Igualmente, instó a estas instituciones a que lleguen a un acuerdo a los fines de cumplir con lo establecido en las leyes y no afectar a la zona turística.

EN DESACUERDO

El director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), manifestó su desacuerdo con la posición de la directora de Planeamiento Urbano de Higüey, Luisa Villavicencio, porque a su juicio en ninguno de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se afirma que el dinero recaudado por concepto de arbitrios es del Ayuntamiento de Higüey.

“La ley es clara, donde dice que nosotros somos los que manejamos y administramos el territorio. Se debe recordar, además, que hay un acuerdo de mancomunidad entre ambas instituciones, en el cual se estableció que debe haber una comisión tanto del Departamento Técnico de Planeamiento Urbano de Verón como de Higüey, para tratar este tema; así como la división en dos partes del dinero recaudado”, dijo. A juicio de Ramírez, el Ayuntamiento de Higüey ha violado en reiteradas oportunidades el mandato de la ley en cuanto a la ejecución de proyectos especiales, como la construcción de estaciones de combustibles, cuya aprobación requiere de la Sala de Vocales de Verón-Punta Cana, para luego ratificarse en el Concejo de Regidores de Higüey. Pidió el respeto de los acuerdos establecidos, porque de lo contrario tomarán acciones que no favorecerán a los inversionistas ni a las instancias que están en disputa por tal situación.

“Entrar en un tema de conflicto es innecesario, cuando se han venido cumpliendo acuerdos desde hace varios años. Respetemos los acuerdos o tomemos entonces una decisión hablada y consensuada y que se haga de opinión pública para no estar desinformados, creando disgustos al empresariado que se encontrará con trabas”, aseguró el jefe distrital.

En cuanto a posibles reuniones para tratar de abordar este tema con la alcaldesa de Higüey Karina Aristy, Ramírez informó que es posible de acuerdo al momento, porque ellos tomaron una decisión que no es consensuada, por lo que la institución que representa aplicará decisiones también unilaterales. Sin embargo, reconoció que el único punto en el que la Alcaldía de Higüey tiene razón, es en que Verón-Punta Cana no debe tener un Departamento de Planeamiento Urbano, pero por una mala interpretación de los jueces, quienes dilucidaron que en este distrito turístico no se contaba con la capacidad económica para pagar, “lo cual no es así, porque Verón sí tiene para pagar planeamiento urbano”.

SENTENCIA

El anterior director municipal de Verón-Punta Cana, Radhamés Carpio, en busca de aclarar a quién le corresponde cobrar los arbitrios en el distrito turístico que más dinero genera en todo el país, logró que el caso llegara hasta el Tribunal Constitucional.

Y fue en esta instancia donde, mediante la sentencia número TC/0152/13, en referencia al expediente TC-03- 2012-0002, relativo al Conflicto de Competencia entre el director de la Junta del Distrito Municipal Verón-Punta Cana y el Ayuntamiento Municipal Salvaleón de Higüey, se determinó de forma irrevocable cuál es la entidad edilicia que realmente tiene derecho a cobrar los arbitrios en el distrito turístico.

Fue así como, el 23 de octubre del 2012, el Tribunal Constitucional estableció mediante sentencia que “el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana es un órgano desconcentrado del municipio Salvaleón de Higüey y, por tanto, carece de competencia para crear una Oficina de Planeamiento Urbano (…).