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EDITORIAL por un entendimiento razonable

Desde hace varias semanas resurgió el conflicto entre la Alcaldía de Higüey y la Junta Municipal Verón-Punta Cana, en torno al destino a donde deben llegar los beneficios del cobro de los arbitrios que se producen en la zona turística, poniendo esto en riesgo una relación que debe permanecer en armonía entre esos gobiernos municipales, para el beneficio de los residentes y visitantes.
La alcaldía de Higüey emitió una comunicación dirigida a las juntas municipales recordándoles que no tienen autorización legal para imponer ni cobrar impuestos municipales, así como para que se abstengan de otorgar autorizaciones de no objeción al uso de suelo.
Esa comunicación, emanada despor el Departamento de Planeamiento Urbano no ha caído muy bien, sobre todo, en la Junta Municipal Verón-Punta Cana, que de inmediato encontró reacción de parte de su director municipal, Ramón Ramírez de la Rosa (Manolito).
Lo más reciente en medio de esta situación, es el llamado que hace Manolito al presidente de la República, Danilo Medina, para que actúe como un ente de intermediación en este momento, pues alega que el organismo que dirige cuenta con las facultades para realizar el cobro de los arbitrios, y que los pronunciamientos que sobre el respecto ha hecho el Tribunal Constitucional no declara que el cobro de los arbitrios deba ser entregado a la alcaldía de Higüey.
Amén de las razones que tanto uno como otro esgrimen, ambos ejecutivos municipales deben sentarse en la mesa del diálogo y llegar a un acuerdo razonable, debido a que este conflicto de intereses más que beneficiar, bien podría traducirse en un escollo para inversionistas de una zona en pleno desarrollo.